La senadora María Clara Posada, aseguró que no se retractará de las denuncias que ha hecho sobre presuntas irregularidades en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de recibir una solicitud de rectificación de la defensora del Pueblo, Iris Marín, por publicar videos de audiencias reservadas en las que compareció Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. La congresista cuestionó la actuación de la funcionaria y defendió su derecho a ejercer control político sobre el tribunal.
Y es que la divulgación de imágenes de comparecencias de excomandantes de las Farc ante la JEP abrió un nuevo frente de controversia entre la senadora María Clara Posada y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien hizo parte de la jurisdicción.
Posada dio a conocer que Marín le envió una comunicación en la que le solicita rectificar por la publicación de los videos. Sin embargo, la senadora manifestó que mantendrá su posición y continuará con los señalamientos que ha formulado sobre el funcionamiento de la JEP.
“Recibí solicitud de rectificación por parte de Iris Marín, defensora del Pueblo y exmagistrada auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko. No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP”, expresó la congresista.
En su respuesta a Marín, Posada manifestó su desacuerdo con la solicitud y cuestionó lo que considera una reacción rápida de la defensora para respaldar las actuaciones de la JEP, frente a otros asuntos relacionados con los procesos que adelanta el tribunal.
La congresista también dejó constancia de que, a su juicio, existe un “ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo”. Según afirmó, esta situación tendría consecuencias para su seguridad y la expondría a un riesgo mayor.
En la carta dirigida a la defensora del Pueblo, Posada también cuestionó que, según ella, no se haya producido una respuesta con la misma celeridad frente a otros asuntos vinculados con los procesos de la JEP, entre ellos la situación de militares que no han aceptado responsabilidad en los hechos investigados por el tribunal.
Otros de los cuestionamientos
Por otro lado, la senadora se refirió a los compromisos de las antiguas Farc relacionados con la entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Posada aseguró que la defensora del Pueblo no ha cuestionado el incumplimiento que ella atribuye a la entrega de esos recursos. Para respaldar su señalamiento, mencionó los porcentajes de bienes muebles e inmuebles que, según afirmó, no habrían sido entregados frente a los compromisos adquiridos.
“No ha reprochado que las Farc dejaron de entregar el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los muebles que se comprometieron a dar para reparar a las víctimas”, sostuvo la congresista.
La senadora también puso sobre la mesa la contratación relacionada con la ejecución de recursos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En ese punto, cuestionó la tercerización de los procesos y aseguró que se ejecutaron $201.467 millones bajo condiciones que calificó de opacas.
“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, manifestó Posada.
Finalmente, planteó la necesidad de contrastar el trato que reciben los antiguos integrantes de las Farc con el que se brinda a las víctimas. “Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima”, concluyó la senadora.