Por primera vez en la historia republicana de Colombia, un expresidente enfrentará un juicio penal ordinario ante la justicia como cualquier otro ciudadano. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, quien deberá responder por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, según la acusación formulada por la Fiscalía.
Este hecho marca una diferencia sustancial frente a los casos de otros exmandatarios colombianos, quienes si bien fueron investigados o sancionados, no llegaron a esa etapa dentro del sistema judicial penal común. Uribe, dos veces presidente y figura clave de la política contemporánea, se convierte en el primer expresidente en ser procesado bajo este esquema.
Desde el siglo XIX, el país ha visto a varios jefes de Estado enfrentarse a procesos judiciales. Sin embargo, esos juicios se dieron en contextos marcadamente distintos. José María Melo, por ejemplo, fue condenado al destierro en 1854 tras encabezar un golpe de Estado, pero su proceso careció de garantías judiciales y terminó en una ejecución extrajudicial.
En otros casos, como el de Tomás Cipriano de Mosquera, la sanción fue de carácter político. El Congreso le impuso dos años de prisión conmutados por destierro y una suspensión de derechos civiles, sin que interviniera una corte penal independiente.
Un caso similar fue el de José María Obando, acusado de traición por su rol en la revolución de 1854. A pesar de haber sido condenado inicialmente, tanto la Corte Suprema como el Senado terminaron absolviéndolo, lo que muestra cómo las decisiones estaban altamente influenciadas por intereses del momento.
Ya en el siglo XX, específicamente en 1959, Gustavo Rojas Pinilla también enfrentó un juicio, pero este fue llevado por el Congreso. Aunque tuvo implicaciones legales, como el embargo de bienes, no pasó por una Fiscalía ni fue procesado penalmente en el sistema judicial como hoy se conoce.
Tal vez el antecedente más recordado por la opinión pública reciente sea el del expresidente Ernesto Samper Pizano, vinculado al llamado Proceso 8.000 por la supuesta entrada de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. No obstante, el caso fue tramitado por el Congreso, que lo declaró inocente, y Samper nunca fue judicializado como ciudadano común.
En contraste, el caso Uribe comenzó en 2012 cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda, acusándolo de manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia volteó el foco y encontró elementos que vinculaban a Uribe con presuntos intentos de influenciar testigos mediante terceros.
Entre las pruebas recolectadas por la Fiscalía figuran interceptaciones telefónicas, testimonios de exparamilitares, grabaciones y transferencias de dinero, elementos que han sido clave para sustentar la acusación formal contra el exmandatario. Además, su rol no es el de autor material, sino el de determinador, es decir, como quien habría instigado u ordenado los hechos.
El inicio de este juicio representa un capítulo inédito para Colombia, donde hasta ahora los expresidentes habían gozado, en la práctica, de una barrera simbólica e institucional frente a la justicia penal común.