El Congreso de la República aprobó finalmente la Ley de Sometimiento a la Justicia, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para establecer un nuevo mecanismo que permita a integrantes de organizaciones criminales y estructuras armadas ilegales entregarse a las autoridades a cambio de beneficios judiciales, bajo condiciones específicas.
La aprobación se concretó durante la noche del martes 3 de noviembre, después de una extensa jornada de discusión legislativa.
Allí, la Cámara de Representantes respaldó el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra, acogiendo el mismo texto que previamente había aprobado el Senado, donde obtuvo 57 votos positivos y 24 negativos.
El proyecto busca, entre otras cosas, que los criminales en el país colaboren con las autoridades, entreguen sus armas y bienes, y suministren información que permita esclarecer las actividades ilegales de las estructuras a las que pertenecen.
Cabe decir que, uno de los aspectos centrales de esta ley es el tratamiento penal diferenciado, que establece porcentajes distintos de reducción de condenas dependiendo del papel que haya desempeñado cada persona dentro de una organización criminal.
Y es que, de acuerdo con lo aprobado, los integrantes de base de las organizaciones criminales podrán recibir una reducción de hasta el 50 % de sus penas.
En el caso de los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando, el beneficio será de hasta el 30 %.
Sin embargo, para los responsables de dirigir estas estructuras se estableció una condena mínima de diez años de prisión, por lo que las rebajas no significarán que puedan quedar libres sin cumplir un tiempo considerable de reclusión.
Pero, los beneficios tampoco serán automáticos. Quienes busquen acogerse al mecanismo deberán cumplir una serie de compromisos con las autoridades, entre ellos entregar sus armas, presentar un inventario completo de sus bienes y aportar información sobre las actividades delictivas. Además de dar información sobre personas desaparecidas y secuestradas.
Sin embargo, quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores no podrán acceder a ninguno de los beneficios de este acuerdo.
“Aquí ningún reclutador de menores tendrá ninguno de los beneficios que trae esta ley”, aseguró el representante a la cámara, Daniel Briceño.
Ahora, en cuanto al tratamiento penal en delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, quienes quieran algún beneficio deberán haber cumplido al menos con seis años de cárcel. Eso sin dejar de lado que se seguirá cumpliendo con las órdenes de captura y procesos de extradición.
“No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devolución, protección a los menores, penas fuertes para los reclutadores, tienen que entregar todos los bienes y se les devuelve cero peso”, manifestó el ministro Iván Cancino.
Con todo esto, se eliminan a los Gestores de Paz, que el Gobierno Petro había designado, y se instaura otra manera de hacer acuerdos con los criminales en el país.
Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella se manifestó, y agradeció a quienes trabajaron en esta ley. “¡TENEMOS LA LEY DE SUMISIÓN! Mi gratitud y reconocimiento al Ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación en el avance de esta importante iniciativa. Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad en Colombia", escribió en X.