La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó el retiro del esquema de seguridad a un grupo de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro.
Entre los afectados por la medida se encuentran exministros como Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue ministro de Salud; José Antonio Ocampo y Germán Ávila, de Hacienda, Armando Benedetti del Interior, Yesenia Olaya de Ciencia, Antonio Sanguino de Trabajo, Diana Morales de Comercio, Rosa Yolanda Villavicencio era la Canciller, y Yeimi Carina Murcia de MinTIC.
La disposición de la entidad también cobija a exaltos cargos de la anterior administración, entre los que figuran Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz; Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia (DNI); Daniel Quintero, exsuperintendente de Salud; Ángela María Robledo, expresidenta de la junta de Ecopetrol; Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones; y Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD. De igual forma, la suspensión de las medidas de protección alcanza a familiares y activistas como Pilar Rueda, funcionaria de la JEP y esposa de Iván Cepeda; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de Aida Quilcué; y Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife’.
Esta decisión, adelantada bajo la dirección de Didier Blanco en la UNP, le da continuidad a las revisiones que desde finales de agosto de 2026 se venían realizando a los esquemas asignados durante el periodo presidencial anterior.
Previamente, la entidad ya había retirado la protección al influenciador Levy Rincón, a Beto Coral, y a las ciudadanas Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero, personas cercanas al exmandatario que contaron con vinculaciones contractuales.
Frente a estas resoluciones, exfuncionarios como Jorge Lemus ya anunciaron que apelarán la medida, recurso al que también podrán acogerse los demás afectados dentro de los diez días siguientes a la notificación.
La controversia se da en medio de revelaciones sobre la efectividad y riesgo de estos esquemas, pues cifras recientes de la UNP indicaron que entre agosto de 2022 y junio de 2026 se registraron 313 incidentes de seguridad contra personas protegidas por la entidad, de los cuales 276 correspondieron a atentados directos.