Alrededor de ocho semanas antes de que termine la actual legislatura, tiene el Gobierno de Abelardo de la Espriella para sacar adelante las principales reformas que prometió para llegar a la Casa de Nariño.
El tiempo parece poco y a esto se suman las contingencias que ha tenido que enfrentar el nuevo Ejecutivo, como el terremoto del pasado 10 de agosto.
Y errores como el cometido en el Congreso esta semana con el proyecto de Presupuesto General de la Nación, que embolata recursos para la salud, subsidios e inversión para las regiones, y habría ocasionado la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior.
Es decir, el Presidente logró sacar adelante la iniciativa del presupuesto, pero no como esperaba y el Legislativo dedicó bastante tiempo en esa tarea, que al final no salió como esperaba De la Espriella.
Mientras tanto, algunos de los proyectos esperados aún no llegan al Capitolio y desde el Gobierno Nacional se han presentado pocos: la ley de competitividad, que tiene mensaje de urgencia; la ley de sometimiento, que fue avalada en las comisiones primera del Congreso en primer debate, y la reforma constitucional o norma antimermelada, que no tendría el tiempo suficiente para salir adelante en lo que queda del 2026.
También se presentaron tres iniciativas relacionadas con el comercio internacional y la modificación del presupuesto del presente año.
Se siguen esperando el estatuto antiterrorista; la ley de rescate, obligatoria ante el déficit fiscal que tiene la Nación, y otras normas que habían sido anunciadas, como la reforma de los trámites de tránsito, que tendría el propósito de bajar el valor de las multas.
Para Jonathan Urdinola, analista, estratega y consultor político, el arranque de la actual Administración central en el Congreso debe examinarse teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que marcaron sus primeras jornadas.
“Lo primero que hay que decir es que el arranque de todo Gobierno requiere un periodo de ajuste en materia conceptual, normativa y de gestión”, señaló.
Así, recordó que el sismo ocurrió el primer día hábil del nuevo Mandatario, lo que lo obligó a reorganizar sus prioridades y orientar recursos a la atención de la emergencia.
Según su análisis, esa situación habría incidido en la acumulación de proyectos en la Oficina Jurídica de la Presidencia y contribuido a la percepción de lentitud en el inicio del debate parlamentario.
Sin embargo, Urdinola considera que el balance no debe limitarse a las iniciativas que han concentrado la discusión pública y menciona avances en la ley de competitividad, impulsada por el Ministerio de Comercio, y la radicación de acuerdos comerciales liderados por la Cancillería colombiana.
Para el analista, no todos los proyectos de ley tienen el mismo grado de complejidad ni requieren los mismos tiempos de preparación. Por eso, plantea que el número de radicaciones ante el Congreso debe contrastarse con el contenido, la viabilidad y las posibilidades reales de aprobación de cada iniciativa.
Seguridad y justicia
Una de las principales apuestas del Gobierno Nacional es el paquete de iniciativas en materia de seguridad y justicia, que incluye el estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento de grupos ilegales (ya avalada en comisiones).
Para Urdinola, se trata de proyectos que no pueden tramitarse como iniciativas ordinarias, debido a sus implicaciones jurídicas y penales y a que requieren revisiones previas y coordinación institucional.
En particular, señala que el estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento deben pasar por instancias como el Consejo de Política Criminal, con el propósito de revisar sus aspectos constitucionales y evitar vacíos legales.
En opinión del analista, esa preparación ayudaría a explicar parte de los tiempos de elaboración de los proyectos.
También considera que el gobierno de De la Espriella busca presentar ambas iniciativas de manera coordinada, lo que demanda trabajo entre los ministerios del Interior y Justicia.
El estatuto antiterrorista, además, representa una apuesta relevante para una administración que ha situado la recuperación de la seguridad y el orden público como prioritaria.
De acuerdo con Urdinola, su trámite exige especial rigor porque se plantea como una ley estatutaria, categoría que tiene requisitos específicos de aprobación y control constitucional.
La complejidad jurídica, no obstante, no elimina las preguntas sobre el alcance de la iniciativa ni sobre su viabilidad política.
Desde el Pacto Histórico, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, dijo que el problema no radica exclusivamente en el ritmo de radicación, sino en el contenido de los proyectos de ley que el Ejecutivo ha decidido impulsar.
“La agenda que ha presentado el Gobierno es una agenda para hacer dos cosas que no buscan el desarrollo del país: la primera, atacar la oposición”, afirmó, cuestionando particularmente el estatuto antiterrorista, al considerar que podría utilizarse para perseguir a sectores opositores en lugar de concentrarse en combatir el crimen.
El senador, sin embargo, destacó la importancia de discutir una ley de sometimiento de grupos ilegales, aunque advirtió que su respaldo dependerá de la forma en que esté diseñada.
“Presentó un proyecto de ley para el sometimiento de grupos ilegales, eso me parece que es importante para el país”, dijo antes de agregar que espera que las condiciones planteadas sean las adecuadas.
Sus declaraciones muestran que, incluso entre sectores críticos del Gobierno Nacional, existen diferencias frente a las iniciativas que pueden considerarse necesarias para el país y aquellas cuyo alcance genera mayores reparos.
Los acuerdos con el Congreso
La discusión sobre la agenda legislativa también pasa por la relación entre la Cas de Nariño y las bancadas.
Para Sergio Guzmán, analista político, el Ejecutivo tiene por delante un escenario complejo porque no cuenta con mayorías firmes que le garanticen el avance de las iniciativas.
Advierte que, después de la discusión presupuestal, se aproximan debates que podrían representar mayores dificultades, entre ellos el de la ley de ajuste fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo.
También menciona los proyectos de ley relacionados con la aceleración de las consultas previas y eventuales reformas en salud y pensiones.
En ese contexto, Guzmán afirma que la capacidad del Gobierno para construir acuerdos será determinante. Según explica, desde diferentes sectores políticos han surgido quejas sobre la relación del Ejecutivo con el Congreso, incluidas voces de los partidos Liberal y Centro Democrático. “El Congreso puede obstruir la agenda del Presidente”, sentencia.
A su juicio, el actual Mandatario ha intentado marcar distancia con las negociaciones tradicionales con los congresistas, pero esa postura puede convertirse en una dificultad si no está acompañada de mecanismos de un diálogo que permita construir consensos.
Guzmán plantea que el nuevo Ejecutivo ha mostrado disposición a impulsar sus decisiones incluso de manera unilateral y a enfrentar después las consecuencias políticas.
Esa estrategia, dice, puede resultar riesgosa si las distintas bancadas parlamentarias deciden oponerse a las iniciativas.
Tiempo corto
El calendario legislativo será otro elemento decisivo. Urdinola sostiene que, hasta el próximo 20 de diciembre, el Gobierno Nacional cuenta con un margen limitado, aunque suficiente para impulsar algunas de sus iniciativas, si utiliza estratégicamente herramientas como los mensajes de urgencia y las sesiones conjuntas de comisiones.
Entre los proyectos de ley que, según su análisis, tienen un camino trazado para avanzar en el corto plazo están el Presupuesto General de la Nación, que ya salió; la adición presupuestal para atender la emergencia por el sismo y la ley de competitividad.
En cambio, el paquete de seguridad y justicia anticipa una discusión de mayor profundidad. El analista considera que su avance dependerá, entre otros factores, de la claridad con la que la Casa de Nariño explique sus alcances.
Para Guzmán, el panorama dependerá de la relación que el Ejecutivo consiga establecer con las bancadas.
El senador Ocampo, por su parte, cuestionó que el Gobierno no haya sostenido reuniones suficientes con sectores de oposición y aseguró que tampoco percibe una relación fluida con las fuerzas políticas que deberían acompañarlo.
Y el congresista liberal Héctor Olimpo Espinosa dijo que “estamos un poco apretados. El Gobierno se tomó su tiempo para revisar bien los textos y creo que perdimos un tiempo muy valioso estas ocho semanas que pasaron. Nos toca apretar en las próximas ocho semanas y trabajar el doble a ver si somos capaces de cumplir con lo que tenemos”.
Esto sin contar con los innumerables proyectos de ley que han sido radicados estas semanas por parte de los propios congresistas.