Dos meses del mandato de Abelardo De la Espriella: aciertos, tropiezos y polémicas de un Gobierno que empieza a mostrar su sello

Dos meses pueden resultar insuficientes para determinar el rumbo definitivo de una administración, pero sí permiten identificar algunas de las características con las que un gobierno comienza a construir su sello.

En el caso de Abelardo de la Espriella, sus primeras semanas en la Casa de Nariño han estado marcadas por una agenda presidencial que prioriza la seguridad, la presencia en las regiones afectadas por el terremoto y una apuesta por reorganizar las finanzas públicas.

Al mismo tiempo, los cambios en algunos cargos de entidades estatales, decisiones iniciales que han tenido que ser reversadas y una estrategia para centralizar las comunicaciones han abierto interrogantes sobre la capacidad del nuevo Mandatario para consolidar su equipo de colaboradores y con respecto a la relación que pretende mantener con la prensa.

Para Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, uno de los principales aciertos de este comienzo está precisamente en la seguridad. A su juicio, algunos resultados contra organizaciones criminales permiten identificar avances, aunque advierte que se trata de una política en la que todavía hay “mucho camino por recorrer”.

Otro punto favorable, señala, es la presencia del Presidente en las regiones, no solo por la emergencia provocada por el terremoto, sino como parte de una promesa de campaña.

“Hay una coherencia entre el discurso con el que se eligió y las políticas que se están implementando”, considera.

Alejandro Echeverry, politólogo y analista, coincide en que la seguridad se ha convertido en una de las principales banderas de esta Administración. Destaca la presencia institucional y de las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto y los resultados operativos presentados.

También identifica como un acierto de De la Espriella la respuesta inicial frente al terremoto del 10 de agosto y su presencia y la de varios de sus ministros en territorios afectados.

Sin embargo, plantea que presencia no necesariamente significa resultados. En el caso de la reconstrucción, señala que todavía falta una hoja de ruta suficientemente clara, que permita pasar del discurso y la presencia territorial a acciones concretas y sostenibles.

Otro de los elementos que aparece con mayor fuerza en las respuestas de los analistas es la capacidad de decisión del Presidente. Echeverry considera que él ya ha definido una forma de ejercer el poder: un gobierno presidencialista y centralizado, en el que la seguridad ocupa un lugar prioritario. El problema, según su lectura, es que todavía falta demostrar que esa capacidad de decisión se traduzca en capacidad efectiva de gobernar.

Esto implica consolidar equipos, fortalecer las instituciones y conseguir que las decisiones produzcan resultados estructurales. “Los dos primeros meses muestran un presidente con una capacidad de decisión enorme, con una agenda definida en términos de seguridad y de la reconstrucción asociada al terremoto, pero no tiene un gobierno plenamente consolidado”, precisa el analista.

Garzón, por su parte, señala como uno de los principales desaciertos la influencia que, a su juicio, han tenido sectores más radicales del denominado abelardismo en algunas decisiones. Esto se habría reflejado, según el analista, en nombramientos, declaraciones de insubsistencia y despidos posteriores.

La preocupación no está, explica Echeverry, en que un gobierno cambie funcionarios; la rotación puede hacer parte de cualquier administración. Bajo su perspectiva, el problema aparece cuando esas decisiones parecen responder más a presiones políticas que a criterios técnicos o institucionales.

Precisamente, en estos dos meses han llamado la atención los relevos en cargos que apenas comenzaban a ser ocupados.

El Dane, Colpensiones y otras entidades han protagonizado algunas de las modificaciones más comentadas, mientras otros nombramientos también tuvieron corta duración.

Para el analista, una parte de estas dificultades puede estar relacionada con la ausencia de un empalme suficientemente sólido entre las administraciones entrante y saliente.

Según su interpretación, esto habría limitado la información disponible para quienes llegaron a ocupar cargos y pudo contribuir a determinaciones que después tuvieron que ser modificadas.

Echeverry diferencia, además, entre la confianza política que naturalmente puede buscar un presidente al conformar su equipo y la idoneidad técnica necesaria para realizar determinadas funciones.

“Una cosa es tener la idoneidad para desempeñar un cargo y que esa idoneidad esté relacionada con adónde va dirigido”, plantea y añade que el problema no radica en cambiar funcionarios, sino en que algunos nombramientos parezcan no haber pasado por suficientes filtros técnicos e institucionales o que las salidas se produzcan de manera repentina y sin explicaciones claras.

En ese sentido, la estabilidad del Gobierno no necesariamente dependerá de que no haya relevos en su gabinete o en las entidades públicas, sino de que estos sean excepcionales, explicables y respondan a razones que puedan ser comprendidas por la ciudadanía.

El pulso de De la Espriella con la prensa

Quizá uno de los asuntos más polémicos de estos dos primeros meses ha sido la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.

La Administración ha optado por centralizar sus declaraciones y establecer mecanismos para coordinar los anuncios de sus funcionarios.

La intención oficial puede leerse como un intento de evitar contradicciones, controlar declaraciones prematuras y mantener una línea coherente frente a la opinión pública.

Echeverry señala que contar con una figura de vocería gubernamental no es, en sí misma, una decisión extraña. De hecho, existen modelos similares en otros países y pueden servir para organizar la comunicación de una administración.

El problema aparece, según él, cuando esa coordinación se convierte en subordinación y cuando los funcionarios necesitan autorización para entregar información pública.

En ese punto, considera que existe un riesgo para la transparencia y para el acceso de los ciudadanos a la información del Estado.

La diferencia es importante: una cosa es que Presidencia coordine el mensaje y otra que controle quién puede hablar y qué información puede entregar cada funcionario: “Se puede controlar el mensaje desde el vocero, pero no se puede controlar la realidad que ese mensaje explica”, precisa.

Garzón también cuestiona el modelo adoptado. Indica que la relación permanente entre ministros, directores y medios de comunicación es necesaria para fortalecer la transparencia y el control ciudadano.

A su juicio, resulta particularmente sensible que entidades técnicas, como el Dane, tengan restricciones para presentar directamente información a la opinión pública.

El analista también señala como problemática la relación con algunos medios y periodistas que han asumido posiciones críticas frente al Gobierno.

En ese contexto ubica recientes enfrentamientos, así como versiones sobre presuntas presiones de parte del Alto Gobierno que se habrían traducido en decisiones internas de algunas empresas del sector.

Para Garzón, estos episodios proyectan la imagen de una administración más cómoda con sectores cercanos que con quienes ejercen una mirada crítica.

Echeverry va más allá y sostiene que la confrontación con algunos medios forma parte de una estrategia política que viene desde la campaña.

Su lectura es que el Gobierno estaría construyendo una división entre “nosotros” y “ellos”, en la que el Ejecutivo se presenta como representante de la ciudadanía y algunos medios tradicionales como opositores.

A corto plazo, reconoce que esta estrategia puede fortalecer la cohesión de su base política. Sin embargo, advierte sobre sus efectos en el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, especialmente si los medios críticos empiezan a ser considerados enemigos del Ejecutivo.

Economía: el ajuste fiscal como apuesta

Alejandro Useche, analista económico y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, indica que dos meses son un periodo corto para medir variables como crecimiento, inflación, empleo o inversión.

El punto de partida, según su mirada, es una situación fiscal compleja, marcada por déficit y problemas de liquidez.

Frente a ello, la nueva Administración ha planteado como uno de sus principales objetivos recuperar la disciplina fiscal mediante el control del gasto y el aumento de los ingresos.

El problema es que ese ajuste puede tener un costo en el corto plazo: una reducción del gasto público puede restarle dinamismo a la economía. Por eso, el Gobierno necesitaría que otros componentes, especialmente la inversión privada, compensen ese menor impulso estatal.

Useche identifica, sin embargo, algunos elementos favorables. Entre ellos está el cambio de enfoque frente al sector energético y la posibilidad de impulsar nuevos proyectos de exploración y explotación.

En su análisis, una mayor producción y rentabilidad de Ecopetrol podría contribuir a generar recursos para las finanzas públicas.

A esto suma el acercamiento del Gobierno a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que podría abrir nuevas posibilidades de financiación, si se acompaña de señales de disciplina fiscal.

Seguridad, la principal bandera del Gobierno

Si existe un tema en el que los analistas encuentran una identidad más clara del nuevo Gobierno, es la seguridad.

De la Espriella llegó al poder con la promesa de recuperar autoridad y enfrentar de manera directa las organizaciones criminales y en este tiempo ha mantenido esa prioridad.

El Ejecutivo ha destacado capturas, extradiciones y operaciones contra estructuras criminales y objetivos de alto valor. De hecho, el Presidente ha presentado estos resultados como parte de una estrategia para recuperar el orden y la autoridad en el país.

Sin embargo, para Carlos Rojas, investigador independiente en políticas públicas y seguridad ciudadana, todavía es temprano para determinar si estas acciones representan un cambio estructural en la seguridad del país: “Lo que se ha visto por ahora es un impacto fuerte en objetivos de alto valor y eso es lo que se ha venido visibilizando en los medios de comunicación”.

Pero, a su juicio, el desafío está en conocer cuál será la política integral que acompañará estos operativos y cómo garantizará su continuidad.

El investigador plantea que la discusión no puede limitarse a los resultados de la Fuerza Pública, pues los problemas de seguridad también están relacionados con factores sociales como la falta de oportunidades en empleo, educación y cultura.

Por eso, advierte que todavía falta conocer “cómo se va a dinamizar la política para que sea sostenible, para que garantice una continuidad y para que se garanticen resultados que realmente resuelvan los problemas estructurales de la seguridad”.

Según Rojas, otro reto es reducir la polarización y promover “más diálogo, más consenso público”, más allá de los cuatro años de una administración.

El balance de estos primeros dos meses, por ahora, deja avances y cuestionamientos que tendrán que medirse por las decisiones adoptadas, pero también por la capacidad de traducirse en resultados concretos y sostenibles para el país.