Las salidas que tiene Colombia para superar la crisis fiscal: ¿recortes, más impuestos y más deuda?

Las decisiones que se vienen para Colombia en materia fiscal serán difíciles tanto para el Gobierno Nacional como para los ciudadanos, quienes, de alguna manera, tendrán que pagar por el déficit que tiene la Administración central y que, según cifras recientes, es más profundo de lo proyectado.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo dijo esta semana. El Estado gasta cerca de $ 40 billones mensuales y recibe alrededor de $ 29 billones, mientras una parte considerable del presupuesto debe destinarse al pago de las obligaciones adquiridas anteriormente.

Es como si una familia estuviera gastando, usando efectivo y tarjetas de crédito, por encima de los ingresos de sus miembros. Con ello, cada mes estarían aumentando la deuda, hecho que, si no tiene corrección, los llevaría a la banca rota.

Igual le está sucediendo al Gobierno colombiano que, desde hace varios años, viene gastando por encima de sus posibilidades.

Actualmente, según datos del Banco de la República, para el segundo trimestre de 2026 la deuda pública del país ascendía a $ 1059 billones (64 % del PIB).

Asimismo, el presupuesto del 2027, que fue aforado en $ 634 billones, plantea un pago de servicio a la deuda de $ 155,4 billones, de los cuales $ 94 billones corresponden a solo intereses.

A Colombia se le irá casi el 25% del dinero presupuestado para el próximo año en atender los créditos que ha adquirido.

¿Cuáles son las salidas?

Esta semana el país debatió alrededor de la solicitud de apoyo al Fondo Monetario Internacional, FMI. Se requirió acompañamiento y la posibilidad de tener un crédito.

La petición generó polémica: algunos dicen que no es necesario, en especial los miembros de la oposición.

“Lo que está diciendo el FMI es que no es necesario un préstamo del organismo. En mi opinión, solo se necesita reducir el déficit fiscal con más impuestos a los más ricos, bajar la tasa de interés del Banco de la República y no aumentar el déficit gasolinero”, comentó el expresidente Gustavo Petro.

Pero desde otros sectores, acercarse al Fondo Monetario Internacional puede ser una buena salida. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, lo considera positivo. Sin embargo, dice que “pedirles un crédito con condicionalidad” no sería bueno. “Lo que sí es conveniente es tener de nuevo la línea de crédito flexible, cuando tengamos de nuevo los requisitos correspondientes. Esa es una línea sin condicionalidad que se les da solo a los países con políticas económicas sólidas”.

El profesor y analista económico de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, explica esto: “Hay dos posibilidades de obtener un crédito con el FMI: la línea flexible sobre la base de compromisos autónomos de ajuste fiscal, que no sean impuestos, sino que surjan de la misma idea que viene el Gobierno exponiendo, sobre la posibilidad del ajuste (ley de rescate), que estaría enfocada en la reducción de gastos de funcionamiento, vía reestructuración, con fusión de entidades”.

Con esa línea flexible, explica el académico, se lograrían varios propósitos: ordenar la situación fiscal con una monitoría que haga el FMI a la economía, “más no una monitoría por condicionamiento, sino por seguimiento de metas”.

Calcula que el país podría contar con unos US$ 20.000 millones o $ 70 billones.

La otra posibilidad es conseguir créditos condicionados. “Las cosas en Colombia han cambiado. Hoy no se viven momentos como los de los años 90 o comienzos del Siglo XXI. Por ello, no es procedente lograr un crédito con condicionamientos. Si nos dejamos condicionar, podemos tener dificultades. Lo importante es tener autonomía en la decisión de nuestras soluciones fiscales”, agregó Amorocho.

Una alternativa que puede ser positiva, explicó el profesor de la Universidad EAN Juan Diego Lobo, es que se podría renegociar parte de la deuda.

Comentó que el país pasó de tener endeudamientos de largo plazo con tasas más razonables a créditos de mucho menor plazo con tasas mayores que ponen presiones a lo que es la sostenibilidad del gasto.

“En este sentido, la renegociación debería estar orientada a préstamos con líneas de más largo plazo, pero con tasas de interés que, en promedio, sean más bajas, más manejables para atender a lo largo del tiempo”.

Algunos académicos plantean que una reducción de 200 puntos básicos en la tasa de interés, en los préstamos que tiene Colombia, podría representar un ahorro cercano al 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

De ahí la importancia de lograr una reducción en el interés que el Estado paga.

De acuerdo con cálculos del profesor de la Universidad Icesi Julio César Alonso, la diferencia entre lo que el Gobierno colombiano gasta y lo que recibe supera el 9 % del PIB, más que durante la pandemia del Covid-19. Y uno de cada tres pesos de los ingresos de la Administración central se destina al pago de intereses de la deuda, lo que no deja margen para nada más.

“Creo que el acercamiento con el FMI va en la dirección correcta por tres razones: primera, es mejor actuar antes de que el problema se vuelva inmanejable. Cuando una economía acude al FMI en situación de emergencia, las condiciones que impone la entidad son mucho más duras. Segunda, el alivio financiero que podemos lograr es importante. El FMI puede otorgar financiación a tasas significativamente inferiores a las del mercado”, comentó.

La tercera razón por la que Alonso cree positivo el acercamiento con el Fondo tiene que ver con la señal que se envía a los mercados: “Que Colombia se siente a negociar, de manera ordenada y transparente, tranquiliza a los inversionistas internacionales. Eso se traduce en menor riesgo-país, mejores condiciones de financiación y, en últimas, menos presión sobre el bolsillo de los colombianos”.

¿Cómo aumentar los ingresos?

Indudablemente, el país tendrá que buscar nuevos ingresos para afrontar el déficit que mantiene. Algunos plantean más impuestos para los ricos, pero el actual Gobierno Nacional ha reiterado que no habría una reforma tributaria en ese sentido.

El profesor Juan Diego Lobo sí cree que el país debe debatir sobre ella, que podría estudiarse en el 2027.

“Tenemos que hablar no solo de una simplificación tributaria, sino también de una ampliación de la base de lo que actualmente tenemos. En este momento, el recaudo es insuficiente para sostener lo que es el funcionamiento y operación del Estado colombiano”, comentó.

Otros plantean la necesidad de que la Dian fortalezca los operativos contra el contrabando y que el país elimine gran parte de las exenciones tributarias existentes, que pueden sumar más de $ 80 billones.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, comentó que el país no requiere una salida en especial ante la crisis fiscal, sino un conjunto de muchas acciones.

Teme que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueda implicar compromisos y reformas como la tributaria.

“De todas maneras, trabajar esas reformas estructurales en el marco de esos acuerdos es algo positivo, pero no es la única alternativa; hay experiencias de otros países que han tenido créditos que se pueden desembolsar más rápido, siempre y cuando esté atado a este plan fiscal que se ha mencionado”, añadió.

Para la analista, lo más importante se conocerá este mes de octubre, cuando el Gobierno Nacional presente la ley de rescate económico, en la que se plantearía el tamaño del recorte de gastos para el 2027.

Bancolombia estima que el déficit fiscal del Gobierno central será de 7,9 como porcentaje del PIB para el 2027, ligeramente mayor al que ha planteado la Nación.

La razón, dice Clavijo, es que el Gobierno estima un recorte de gasto de $ 45 billones para el próximo año “y nosotros hemos calculado que, dadas las inflexibilidades y dejando algún tipo de margen de maniobra, ese recorte sería del orden de $ 30 billones”.

Precisamente, el Ministro de Hacienda confirmó que a mediados de octubre se radicará en el Congreso la ley de rescate.

“Hemos venido trabajando hace varias semanas y traerá varias cosas interesantes. Por ahora estamos enfocados en sacar adelante el presupuesto”, dijo.

Entre los puntos que traería esa ley estaría una reducción gradual del 4X1000, lo que se ha dicho en otras ocasiones, y el desmonte del impuesto al patrimonio.

Esta semana también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, presentó un informe al Congreso de la República en el que resaltó que será difícil lograr un recorte del gasto de $ 21 billones este año, como espera el Minhacienda, y prevé que solo sería posible uno de $ 9,7 billones.

De ahí que este grupo de expertos estima que el déficit fiscal del 2026 será de 7,8 %, mayor del esperado por el Ejecutivo.

Además, proyecta el Comité que el déficit fiscal del 2027 será de 9,5 % y que la deuda neta del Estado se trepe al 67,4 % del PIB el próximo año.

Por esto, los expertos de la Carf recomendaron un mayor recorte de gastos, pues el planteado hasta ahora no sería suficiente para llegar a un equilibrio.

Venta de activos

Otra de las opciones que se han planteado para contar con mayores ingresos es la venta de algunos activos del Estado.

Esta también es una opción polémica, pues algunos creen que no sería lo adecuado.

Colombia es dueña de la empresa más grande del país, Ecopetrol, que tiene bajo su propiedad otras compañías que podrían ser del interés del mercado nacional y extranjero.

Hoy, la petrolera tiene la mitad de la participación en ISA, empresa que le puede significar al Estado más de $ 15 billones, y podría estar acompañado de la venta de otro porcentaje de acciones de Ecopetrol.

Colombia también tiene importante participación en varias empresas del sector petrolero y de energía.

“Podemos estar hablando de que el Gobierno abiertamente tome la decisión de la venta de su participación en empresas como ISA. De esta manera, lo que se busca no solo es recabar recursos para solventar lo faltante, que viene de la Administración anterior, sino garantizar una sostenibilidad de lo que es el endeudamiento actual”, comentó el profesor Lobo.