Por medio de grupos de WhatsApp y reuniones internas se estarían solicitando votos para candidatos presidenciales en algunas alcaldías del país, esto como requisito para conservar el puesto de trabajo, según denunció la Agencia Nacional de Contratación Pública.
Esta entidad rechazó con vehemencia este tipo de actos, los cuales son considerados delitos. Además de que anunció que se destinará un grupo especializado para investigar cada caso y tomar las medidas correspondientes.
“Hemos conocido a través de distintos medios de comunicación y de redes sociales casos de presuntas presiones por parte de alcaldías, especialmente en ciudades capitales de la Costa Caribe, en las que a través de canales internos, como grupos trabajo de WhatsApp, se estaría difundiendo propaganda electoral a contratistas, presionándolos para multiplicar mensajes políticos, como condición para dar continuidad a contratos”, contó Cristóbal Padilla, director de la entidad.
También se le hizo un llamado a todas las personas que sean víctimas de este tipo de presiones para que realicen la respectiva denuncia. A la par, se le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que tomen cartas en el asunto.
“Esta entidad recuerda que constreñir al votante es un delito, que establece penas de prisión de 4 a 9 años”, puntualizó la entidad.
Un llamado conjunto de la Procuraduría
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, dictó una circular a todos los funcionarios de la entidad en la que les advierte no solo que deben abstenerse de participar en política, sino que deben evitar cualquier conducta que pueda generar dudas en la ciudadanía sobre su imparcialidad.
Eso incluye abstenerse de realizar cualquier actividad o manifestación que pueda interpretarse como apoyo, simpatía o preferencia por cualquier candidato o partido durante el actual proceso electoral.
La circular 006 del 12 de junio de 2026 fue firmada dentro de la estrategia de Paz Electoral, que busca proteger la democracia, garantizar unas elecciones limpias y preservar la libertad de los ciudadanos en el ejercicio del voto.
Los funcionarios “deben evitar conductas que, aunque no sean abiertamente partidistas, generen en la ciudadanía dudas razonables sobre la imparcialidad de la entidad o de quienes la integran en el marco de la elección de presidente y vicepresidente de la República”, dice el documento.
Agrega que no se pueden “utilizar recursos, medios, instalaciones, tiempo de trabajo, ni la imagen institucional de la Procuraduría General de la Nación para favorecer, directa o indirectamente, a candidatos, partidos o movimientos políticos”.
La Procuraduría ya ha suspendido a varios funcionarios del Gobierno Petro, incluido el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y el embajador del Brasil, Alfredo Saade, y abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por participación en política.
Con información de Colprensa*