Un juzgado administrativo de Bogotá abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario no cumpliera la orden de retractarse ni pedir disculpas públicas por las afirmaciones que hizo en contra de la EPS Coosalud y de su entonces presidente, Miguel González Montaño.
La medida fue adoptada tras verificar que el jefe de Estado no realizó ningún acto de rectificación dentro del plazo ordenado por la justicia.
La orden original fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 21 de noviembre, cuando la corporación decidió amparar los derechos a la honra, el buen nombre y el debido proceso de González Montaño.
El tribunal concluyó que las declaraciones públicas del mandatario afectaron injustificadamente la reputación del exdirectivo, al atribuirle presuntos delitos sin existir pruebas o decisiones judiciales que respaldaran tales señalamientos.
Las afirmaciones del Presidente se dieron en medio de una intervención pública en la que aseguró que González Montaño se había “robado la plata” de Coosalud. Petro afirmó que en la EPS se habrían perdido más de 200.000 millones de pesos pertenecientes al sistema de salud.
Incluso, calificó al entonces gerente como “un bandido” y acusó a quienes estaban al frente de la entidad de haberse “tumbado a los dueños”. Para el Tribunal, estos señalamientos carecieron de sustento probatorio, por lo que ordenó rectificar en un término de cinco días.
Además de la retractación y las disculpas públicas, la sentencia estableció que el Presidente debía abstenerse de emitir nuevos mensajes o manifestaciones, por cualquier medio oficial o institucional, que pudieran afectar nuevamente los derechos del exgerente de Coosalud.
La instrucción buscaba evitar que declaraciones sin fundamento volvieran a generar daños reputacionales o afectaciones adicionales.
Sin embargo, al no encontrar evidencia de cumplimiento, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá decidió abrir el incidente de desacato.
La apertura se dio a partir de la acción presentada por González Montaño, quien a través de su apoderado denunció el presunto incumplimiento. Con esta decisión, el juzgado le otorgó al mandatario un plazo de 48 horas para informar cuáles han sido las actuaciones adelantadas para cumplir con lo ordenado.
La decisión final no solo podría derivar sanciones para el presidente luego de que el juez evalúe si hubo o no desobediencia, sino que también enviará un mensaje sobre la importancia del respeto institucional, la precaución que se debe tener con afirmaciones públicas a través de las redes sociales.