La carrera por la Casa de Nariño entra en una fase de escrutinio financiero tras la entrega de los primeros balances en el aplicativo Cuentas Claras. El aspirante presidencial Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos, soportados íntegramente en tres créditos bancarios con la cooperativa Confiar. No obstante, el informe ha despertado suspicacias debido a un vacío contable relacionado con su actividad en las plazas públicas del país.
A pesar de que el propio candidato ha presumido en sus canales oficiales la realización de 106 eventos multitudinarios con la participación de más de medio millón de ciudadanos, el rubro destinado a actos públicos figura vacío. Esta inconsistencia ha puesto al equipo del Pacto Histórico bajo la lupa de analistas y sectores de oposición, quienes cuestionan cómo se financiaron las tarimas, el sonido y la logística de dichas concentraciones.
En el desglose de los gastos ejecutados, que ascienden a más de 1.931 millones de pesos, la prioridad ha sido la visibilidad mediática. El rubro de propaganda electoral concentra el 75 % de los recursos, con una inversión superior a los 1.405 millones de pesos. Entre los pagos más destacados aparecen contratos con la Casa Editorial El Tiempo S.A. para la impresión de periódicos informativos de campaña.
La logística territorial también representa un gasto significativo de 387 millones de pesos. Estos fondos se destinaron principalmente a servicios de mensajería, transporte de correo y tiquetes aéreos gestionados a través de la agencia Global Blue. Según los documentos firmados por el gerente Antonio Javier Peñaloza, el despliegue se ha concentrado en regiones como el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.
En cuanto a la estructura interna, la campaña reportó 75 millones de pesos en gastos de administración. Este dinero fue utilizado para cubrir los honorarios de figuras clave como la Coordinadora Territorial Nacional y la tesorería. Además, se destinaron recursos para la gestión de pauta digital, un área estratégica donde el equipo busca contrarrestar la narrativa de otros candidatos que lideran el gasto publicitario.
La procedencia de los fondos también ha sido objeto de debate. Aunque la campaña sostiene que el financiamiento proviene exclusivamente de créditos financieros pignorados bajo la Ley 130 de 1994, existen cuestionamientos sobre reportes pasados. Investigaciones previas sugieren que algunos movimientos registrados como créditos en especie podrían haber sido, en realidad, donaciones de particulares no reportadas adecuadamente.
Comparativamente, la contienda electoral muestra disparidades marcadas. Mientras candidatos como Abelardo De la Espriella reportan gastos que superan los 14.000 millones de pesos, otros como Paloma Valencia o Sergio Fajardo mantienen cifras más modestas.
El CNE deberá ahora cruzar los datos de Cepeda para determinar si la omisión de los gastos en eventos públicos constituye una falta administrativa o un error de procedimiento contable.