La Contraloría General envió un equipo de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda para adelantar la inspección que verifique la información relacionada con el aumento de la contratación estatal registrado tras el levantamiento de la Ley de Garantías.
Según el organismo de control, la alerta preventiva pretende impedir que las irregularidades detectadas en la gestión de contratos y presupuestos vigentes deriven en el desembolso indebido de fondos públicos, la afectación de los bienes del Estado y el posterior inicio de procesos disciplinarios o fiscales contra los ejecutores del gasto.
La visita ocurre después de que la Contraloría advirtiera que, entre la finalización de la vigencia de la ley y el 21 de julio, se firmaron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones.
“Esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal”, indicó la entidad en la función de advertencia enviada previamente.
De acuerdo con las cifras presentadas por la entidad, ese volumen de contratación representa un aumento del 22,5% frente al mismo periodo de 2022, al cierre del gobierno de Iván Duque. Además, cerca de 11.000 contratos fueron adjudicados de manera directa.
La Contraloría señaló que este comportamiento requiere un seguimiento permanente para establecer si las entidades cuentan con la capacidad financiera y administrativa para cumplir los compromisos adquiridos durante los meses restantes de la vigencia fiscal.
Entre los riesgos identificados por el organismo de control figuran posibles deficiencias en la planeación financiera, la concentración de contratos y dificultades para ejercer una supervisión efectiva sobre su ejecución.
Por ahora, se espera que, una vez concluya la revisión de la información recopilada en el Ministerio de Hacienda, el organismo dé a conocer sus hallazgos o las medidas que eventualmente adopte.
Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron que atendieron a la comisión de control en las distintas dependencias de la entidad. No obstante, frente al despliegue del equipo de Policía Judicial enviado por la Contraloría para recopilar pruebas y verificar los datos, la cartera gubernamental aclaró que dicha documentación ya es de acceso público, pues los registros sobre gestión presupuestal y contratos se encuentran cargados en la plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
“Es preciso señalar que las revisiones e indagaciones sobre contratación y actividad presupuestal están previamente difundidas y expuestas de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF", señalaron desde la cartera.
Con información de Colprensa.