A través de resoluciones oficiales expedidas entre el 17 y el 24 de julio de 2026, la administración del presidente Gustavo Petro oficializó múltiples designaciones de notarías en interinidad en varias regiones.
Las resoluciones afectaron despachos de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Chía, Zipaquirá y Cartagena. Adicionalmente, el Ejecutivo ordenó la creación de un nuevo despacho público en el departamento de Antioquia.
Los decretos llevaron la firma de la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, quien cumple paralelamente funciones como superintendente de Industria y Comercio. La justificativa institucional para estas medidas administrativas radicó en la obligación de asegurar la continuidad del servicio notarial ante retiros forzosos o renuncias.
La interinidad se aplicó debido a que la lista de elegibles del concurso público expiró desde el año 2018.
Entre los movimientos más destacados en Bogotá se encuentra el ingreso de José Gregorio Beltrán Pérez en la Notaría 61, en reemplazo de Pablo Méndez Barajas. Por su parte, en Cali se formalizaron las llegadas de Jorge Armando Ruiz Viveros a la Notaría 20 y de José Faiber León Bermúdez a la Notaría 14. La capital del Valle ya registraba previamente reajustes en los despachos Séptimo y Décimo.
En Barranquilla la reestructuración alcanzó tres despachos con la designación interina de Pedro Jaime Julio Beltrán en la Notaría 2, Juan David Ortega Jiménez en la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez en la Notaría 7. En el caso de Medellín, Karyme Adriana Cotes Martínez asumió la Notaría 6, mientras que en Chía se nombró a Jhon Jairo Cortés Gómez en el despacho Segundo.
Paralelamente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0811 para habilitar la Notaría Tercera en el municipio de Rionegro. La determinación oficial fundamentó la apertura de la nueva sede en la alta demanda del sector de Llanogrande, donde los trámites de autenticación pasaron de mil requerimientos en 2021 a cerca de 200.000 en 2025.
Ante estas decisiones de última hora, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, confirmó que la administración entrante emprenderá una revisión detallada de cada nombramiento. El funcionario entrante advirtió que las facultades legales deben ejercerse con transparencia e idoneidad, anunciando que se convocará a un nuevo concurso público de méritos.
Las medidas también suscitaron cuestionamientos políticos y reacciones públicas. El ex concejal caleño Juan Martín Bravo criticó los nombramientos señalando que algunos designados formaron parte de Unidades de Trabajo Legislativo. A su vez, Day Vásquez publicó en redes sociales mensajes de advertencia enfocados en varias notarías específicas, sumando atención sobre el proceso.