El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio un nuevo paso en el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, una decisión que había sido anunciada desde el inicio de su administración y que quedó en manos del exsenador John Milton Rodríguez.
Rodríguez, designado como responsable de adelantar el proceso, ya comenzó a implementar las primeras medidas para desmontar la estructura de la cartera. Una de las más recientes fue la firma de una resolución mediante la cual se ordenó eliminar los cargos de los cinco viceministerios que hacían parte del Ministerio: Juventud; Mujer; Pueblos Étnicos y Campesinos; Poblaciones y Territorios Excluidos; y Diversidades.
La medida tiene aplicación inmediata. De acuerdo con el documento, la entidad no podrá iniciar nuevas actividades relacionadas con sus anteriores funciones y la contratación quedará restringida a aquellos asuntos que sean indispensables para llevar a cabo la liquidación.
La resolución también establece que cualquier contrato que se firme durante el proceso deberá estar directamente relacionado con la liquidación del Ministerio. Por eso, ya no será suficiente argumentar que un contrato es conveniente para la entidad o que permite continuar con alguno de sus programas.
Además, el Gobierno prohibió iniciar nuevos procesos de contratación o firmar acuerdos para mantener las funciones habituales del Ministerio. Tampoco podrán contratarse proyectos de inversión que estuvieran a cargo de esta entidad.
También se prohibió que las funciones del Ministerio sean entregadas a empresas o personas externas. Esto significa que no se podrán contratar terceros para realizar los trámites legales ni para asumir las tareas principales que estaban a cargo de la entidad.
En otras palabras, ningún contrato podrá utilizarse para que un particular termine realizando las funciones que le correspondían al Ministerio de la Igualdad.
La liquidación también está relacionada con una decisión de la Corte Constitucional sobre la norma que permitió crear el Ministerio de la Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro.
El alto tribunal determinó que la ley que creó la cartera no podía mantenerse después de finalizar el mandato de Petro y señaló que el Congreso debía adoptar una nueva regulación. Sin embargo, esa iniciativa no logró concretarse durante la legislatura anterior.
Rodríguez ha defendido el proceso de liquidación y recientemente presentó al presidente un primer balance de sus labores.
El encargado también cuestionó el funcionamiento que tuvo la entidad. Según sus declaraciones, se trataba de una estructura con cinco viceministerios, 42 dependencias y alrededor de 700 funcionarios, además de presentar, según él, una de las ejecuciones presupuestales más bajas registradas en la administración pública colombiana.