A pesar de que la conservación del medio ambiente fue una de las banderas insignias del pasado gobierno de Gustavo Petro, muchas de las tareas a favor de esta lucha quedaron en el olvido.
Durante las últimas horas se reveló un expediente que reposaba en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en el cual el páramo de Santurbán fue víctima de la minería ilegal.
Dicha información llegó a las manos de la Revista Semana, la cual divulgó que “las páginas ilustran cómo la minería ilegal se apoderó de la vereda Angosturas del municipio de California, Santander, y el grave daño que causó en los recursos naturales. Pero no es solo eso. Pese a que el Gobierno nacional identificó el problema, no materializó las decisiones de las autoridades ambientales para frenar los graves hallazgos”.
Además se señala que mediante la Resolución 002842 del 20 de diciembre de 2024, la Anla expuso un documento en el cual se puede observar la “destrucción” de esta importante zona del departamento y ordenó la protección de este ecosistema, pero fueron “incumplidas” por las personas involucradas de en proceso, descuidando así una de las consideradas joyas ambientales de esta parte del planeta.
El reporte también señala que Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia (anteriormente conocida como Greystar Resources LTD), la cual operaba la minería de ese sector desde finales del siglo pasado (1997) y había conformado varios túneles para los trabajos, en 2019 renunció al “contrato y presentó el plan de cierre, desmantelamiento y abandono del sector”.
Sin embargo, las autoridades dieron a conocer que “la empresa no cerró las estructuras conforme a la ley y fueron utilizadas para la minería ilegal por particulares, generando un daño sin precedentes en esa zona del páramo de Santurbán”.
“Se documentó que los túneles quedaron abiertos con nulas restricciones para el ingreso. Los funcionarios detectaron que en una de las estructuras había múltiples cables eléctricos, que evidenciaban la presencia de personas bajo tierra buscando metales preciosos” señaló dicho medio en su reporte.
También agregó que en el archivo se evidenció que “por parte de personas indeterminadas se vienen adelantando actividades de minería no autorizada, que se relacionan con la existencia de túneles en dicha área, situaciones que afectan el medioambiente, los recursos naturales, el paisaje y los ecosistemas y/o la salud humana”.
Durante la investigación se encontraron 52 puntos de minería no autorizada, los cuales estaban ubicados entre la quebrada Angosturas y la quebrada Páez.
Funcionarios de la Anla informaron de dicho problema, el cual evidenciaba “la degradación del suelo, la erosión marcada y la disposición inadecuada de residuos han alterado negativamente el paisaje natural y la estabilidad”, y que además, “la generación de drenaje ácido y la contaminación de cuerpos de agua, como la quebrada Páez, representan un riesgo directo para el suministro de agua potable en los municipios aguas abajo y el área metropolitana de Bucaramanga”.
No obstante, las medidas “no se cumplieron por parte de la administración de Gustavo Petro y la destrucción continúa en Santurbán”. “La hipótesis que se tiene en esa dependencia es que el Gobierno saliente no solo no ejecutó la resolución, sino que habría favorecido la minería ilegal. Por esta razón, se elevará una petición ante las autoridades judiciales para que establezcan las eventuales irregularidades en las que se habría incurrido”.