Hace cuatro años, cuando el gobierno de Gustavo Petro estaba en los albores de su administración, su relación con el Congreso de la República parecía ser la mejor, y, con una coalición que se veía fuerte, la entonces nueva administración ya estaba lista para iniciar el trámite de dos de sus principales cartas legislativas al iniciar su mandato.
Algo similar ocurrió con Iván Duque en 2018 y Juan Manuel Santos en 2010. Todos los gobiernos recientes solían llegar con un menú de proyectos de reforma, para aprovechar lo que se conoce como la “luna de miel” con el legislativo, que se suele dar en el primer año de gobierno de todos los mandatarios.
En 2026, se está presentando una situación inusual con el presidente, Abelardo De La Espriella, quien a pesar de tener una coalición relativamente fuerte, no ha mostrado demasiado afán por recurrir al legislativo para que estudie los principales proyectos de reformas legales o constitucionales de su mandato.
Esta actitud diferente de la actual administración puede tener muchas causas, como que, para este Gobierno, no es prioritario cambiar las leyes sino hacerlas cumplir mejor, pero también otras más circunstanciales como la falta de empalme con el anterior gobierno y especialmente el terremoto del pasado 10 de agosto que obligó a todo el gabinete a centrarse en la atención de las víctimas y en el proceso de reconstrucción que vendrá ahora, con declaratoria de emergencia económica en 15 departamentos incluida.
En agosto de 2022 los entonces ministros del Interior y Hacienda, Alfonso Prada y José Antonio Ocampo, alistaban la radicación de los proyectos de la paz total y la reforma tributaria, que fueron claves para que Petro alcanzara dos de sus metas en temas de política y seguridad, como también el tener recursos frescos para sus programas sociales, los cuales estaban amenazados de no poder arrancar por el hueco fiscal que heredó de Iván Duque, quien lo creó para atender, entre otros, el endeudamiento por la pandemia del Covid 19.
Hoy, cuando el gobierno de Abelardo De La Espriella completa sus primeras dos semanas, la agenda legislativa está quieta prácticamente porque la atención de los nuevos funcionarios se ha centrado en atender las medidas extraordinarias por el terremoto, razón por lo cual en el Congreso sólo ha estado muy presente el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien logró que las comisiones económicas devolvieran el proyecto de presupuesto que presentó su antecesor Germán Ávila, el cual está desfinanciado en al menos 30 billones según ha dicho Gómez.
Al ser devuelto al gobierno, ahora la administración de De La Espriella, podrá modificar las partidas de los $575,6 billones, y esperar que el hueco fiscal que venía y las billonarias necesidades que obligan la atención del terremoto, se lleven al legislativo por la vía de esa reforma tributaria que al menos deberá recaudar unos 30 billones de pesos.
Inicialmente el proyecto se esperaba radicarlo en las primeras semanas, pero con los ajustes el esfuerzo del ministro Gómez Martínez es que esté presentado para arrancar la discusión a finales de agosto.
Ley antitrámites
El único proyecto oficial del gobierno De La Espriella lo llevó esta semana el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Es la denominada ley de competitividad que busca reducir trámites y tiempos para las empresas, especialmente para las mipymes, y aunque la misma se tenía lista antes del terremoto, podrá incluir normas en tal sentido, “la propuesta parte de la necesidad de facilitar la actividad de quienes producen, invierten y generan empleo en Colombia”.
El expresidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, asegura que la tragedia obligó a que el gobierno retrasara la radicación de las iniciativas. Sin embargo, sostuvo que sumado a lo que llegará del presupuesto y la reforma tributaria, se espera que presenten reformas a la ley de paz total, la cual tiene como base a la ley de orden público, con la cual en la administración de Petro se dio paso a que los procesos con los grupos ilegales tuvieran soporte legal.
Un tema más que en concepto del exsenador valluno debería presentar el gobierno es el referente a la reforma a la salud, esto ante la crisis fiscal por la que pasa el sector y que tiene a miles de pacientes sin una atención adecuada y permanente, como también con la entrega de sus medicamentos cuando van a solicitar que les sean dispensados.
En cuanto al trámite de la reforma tributaria, que por ahora es la mayor apuesta que está por llegar del gobierno, la misma tendrá que ser discutida por las comisiones económicas, pero inmediatamente después de que sea aprobado el presupuesto general de la nación, ponencia que deberá ser radicada la próxima semana.
Ambos proyectos, de acuerdo al reglamento, deberán tener audiencias públicas, en las cuales los ponentes llevarán las modificaciones que tanto para el presupuesto como en la tributaria, tendrá partidas para atender la recuperación por el terremoto.
Por ahora la agenda legislativa está movida por los proyectos que han radicado los propios congresistas, muchos de los cuales se dieron en la última semana, en donde proponen leyes que beneficien en diversas índoles a los afectados por el sismo del 10 de agosto.
Para el exsenador Motoa, muchos de esos proyectos se podrán quedar en el camino, debido a que algunas de esas normas propuestas, como son la exención de impuestos, en especial el predial, podrán venir por la vía de la emergencia económica, la reforma tributaria y en particular por el plan nacional de desarrollo, que apenas se está empezando a redactar incluyendo precisamente, entre otras, las obras de recuperación por el terremoto.
Pero, mientras que la agenda oficial se acaba de perfilar en las oficinas de los ministerios y Planeación Nacional, en el Congreso de la República ya hacen trámite proyectos de ley que desde ya están provocando gran controversia, como por ejemplo el que radicó la llamada bandada Provida, que la componen los partidos Conservador, Salvación Nacional y los cristianos, para que se prohíban las cuatro alternativas con las que se permite el aborto, esta por ser una reforma constitucional se deberá tramitar como un acto legislativo.
Uno más que tendrá mucha crítica es el que llevó el Centro Democrático para flexibilizar y permitir el porte legal de armas de fuego para defensa personal, la cual es además compartida por la bancada de Salvación Nacional.
Desde la bancada de la oposición, el Pacto Histórico, ya radicó un proyecto de ley para prohibir el uso del fracking, la alternativa de explotación de petróleo que tiene el gobierno nacional y que ha sido anunciado de forma reiterada por el presidente Abelardo De La Espriella.
La verdad es que la legislatura apenas está despegando. Y a falta de más movimiento legislativo, las discusiones en el Congreso podrían centrarse en el control político, que, en cambio, sí ha estado muy activo. El gobierno de Abelardo De La Espriella ya ha sido citado a debate por autorizar operaciones conjuntas con Estados Unidos en suelo colombiano, por suspender los contenidos informativos en RTVC, y ya está en trámite una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por su cuestionado paseo a Santa Marta en medio de la tragedia del terremoto.