Iván Cepeda anuncia tutela contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella por presunta censura a las Emisoras de Paz

El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una acción de tutela contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e Inravisión por la decisión de suspender la programación de las 20 Emisoras de Paz. El congresista cuestionó la medida y la calificó como un acto de censura, al considerar que afecta los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz.

“Esta determinación desconoce que estas emisoras fueron creadas con fundamento en lo dispuesto en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz y el deber que le asiste a las autoridades estatales de cumplir de buena fe lo pactado” afirmó en su mensaje publicado en X.

La controversia se origina en una reciente directriz de Inravisión, el sistema de medios públicos, relacionada con una reestructuración de contenidos al interior de la entidad. De acuerdo con la información conocida sobre la medida, las Emisoras de Paz deberían limitar su parrilla a la transmisión de música, dejando por fuera los espacios informativos y otros contenidos producidos desde los territorios.

La medida impactaría una red de emisoras descentralizadas que produce contenidos sobre la actualidad de distintas regiones del país y que tiene presencia, entre otros lugares, en Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar.

El alcance de la decisión va más allá de la eliminación de espacios noticiosos. La programación de estas emisoras también incluye contenidos relacionados con la cultura, el medio ambiente, la vida campesina y las dinámicas de las comunidades. Aunque las Emisoras de Paz también transmiten contenidos nacionales, cerca del 90 % de su programación responde a las necesidades y particularidades de los territorios donde tienen presencia.

De acuerdo con los cuestionamientos formulados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la decisión afecta el modelo de radio descentralizada que Radio Nacional de Colombia comenzó a desarrollar desde 2014, orientado a producir información desde las regiones y ampliar la presencia de voces territoriales en la radio pública.

Las organizaciones también han señalado que los espacios informativos de las Emisoras de Paz benefician a más de 463.000 personas, principalmente comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Para Cepeda, la suspensión de la programación vulnera los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz. Su argumento es que la decisión no constituye únicamente un cambio en la parrilla de una red radial pública, sino que afecta una herramienta de comunicación creada como parte de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

La eventual tutela deberá establecer, si finalmente es presentada y admitida, los argumentos de las partes y la valoración judicial sobre los derechos fundamentales invocados por el senador.