La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, nombrada en este cargo por el presidente De la Espriella, tomó posición desde la entidad encargada de proteger a la infancia ante las órdenes judiciales que frenaron las ofensivas aéreas a objetivos militares sobre lo que se tenga información de la presencia de menores de edad.
Un juzgado de Bogotá y otro de Guaviare respondieron a tutelas que buscan defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos subversivos, quienes están en el conflicto por la coacción armada y la vulnerabilidad de sus condiciones. La decisión fue ordenar al Estado colombiano y las Fuerzas Armadas suspender los bombardeos a estas estructuras siempre que a través de inteligencia adviertan la posible presencia de menores de edad, los cuales tienen una protección especial que no se pierde por el hecho de haber sido reclutados.
La disyuntiva jurídica y moral es propia del conflicto armado en Colombia y se remonta al reclutamiento de niños en la Guerra de los Mil Días, o incluso antes, en tiempos de las guerras de Independencia, pero que en la actualidad está enfocada en los grupos narcoterroristas como las disidencias de las FARC y ELN.
En lo que va del Gobierno de De la Espriella por lo menos seis menores han muerto en operaciones militares contra grupos armados ilegales. Uno murió durante un bombardeo en el Catatumbo, el pasado 10 de agosto, otros tres murieron en el bombardeo de Guaviare, del 27 de agosto. Dos más murieron en otra ofensiva del 31 de agosto.
En el gobierno de Iván Duque murieron, según Medicina Legal, 42 menores, y en el gobierno Petro murieron al menos 65 menores.
Sobre esto, la directora del ICBF publicó en su cuenta de X un artículo en el que deja clara su posición, reconoce la condición de víctimas a los menores y la obligación del Estado a respetar la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
“La niñez reclutada es víctima. Punto. Como directora del ICBF, mi deber es protegerla con todas las herramientas que tenga el Estado. Pero protegerla también exige no perder de vista quién la puso allí”, escribió Retrepo Cañavera, siendo el primer pronunciamiento desde un funcionario de este Gobierno en reconocerlo.
No obstante, sostiene que el origen de todo es el reclutamiento forzado de los grupos armados ilegales, por lo que “sería perverso que de ese crimen naciera, además, una ventaja para quien lo cometió. Si la presencia de menores reclutados termina convirtiendo un campamento en un lugar que el Estado no puede tocar, la conclusión es brutalmente sencilla, reclutar a la niñez funciona”.
Acepta que “el Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y, al mismo tiempo, la obligación de perseguir a quienes delinquen. No son deberes incompatibles. Presentarlos como si hubiera que escoger entre uno y otro es exactamente la trampa en la que no podemos caer”.
Luego, es consciente de que “la Fuerza Pública está sometida a la Constitución, a la ley y al Derecho Internacional Humanitario. Debe extremar todas las precauciones para proteger la vida de los menores reclutados. Pero ese deber no puede convertirse en una patente de inmunidad para las organizaciones que los reclutan”.
Por último, con cierta ambigüedad defiende su función, pero evita confrontar directamente la política de seguridad del presidente De la Espriella, “el ICBF Colombia tiene que ser capaz de anticiparse, identificar territorios de riesgo, actuar sobre las alertas, entender las redes de reclutamiento y recuperar a la niñez antes de que termine atrapada en una guerra que jamás escogió”.
“Pero Colombia también tiene que conservar algo elemental, la capacidad de perseguir a sus criminales. No podemos proteger a la niñez a costa de convertirla en el refugio perfecto de quienes la victimizan”, aseveró.
El pronunciamiento, que resulta más una reflexión de la funcionaria, no propone acciones concretas desde el ICBF ante esta problemática del reclutamiento forzados de menores.