Juez restringe bombardeos en Guaviare cuando exista riesgo para menores reclutados

Un juez de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra grupos armados ilegales cuando exista información que permita advertir la posible presencia de menores de edad que puedan resultar afectados. La medida fue adoptada como una acción preventiva dentro de una tutela que busca proteger los derechos de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.

La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, a cargo del juez Jhoan Aguilera Martínez, y está dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares competentes.

El despacho precisó que la restricción no representa una prohibición general de los bombardeos ni de las operaciones militares en el departamento. La suspensión aplica cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente que niños, niñas o adolescentes podrían encontrarse en la zona y resultar afectados durante la operación.

La medida tendrá carácter provisional y estará vigente mientras el juzgado estudia de fondo la acción de tutela presentada para proteger a menores víctimas de reclutamiento forzado en el Guaviare.

¿Por qué se tomó la decisión?

Entre los elementos considerados por el juez están las recientes operaciones militares realizadas en el departamento y la confirmación de la muerte de menores de edad que hacían parte de estructuras armadas ilegales.

El fallo hace referencia a la Operación Amón, realizada el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, en la que fueron confirmadas las muertes de tres menores pertenecientes a una estructura de las disidencias de las Farc. También menciona la posterior Operación Azarías, desarrollada contra una estructura vinculada a alias Iván Mordisco, en la que también fueron reportados menores entre las personas fallecidas.

A partir de estos antecedentes, el juzgado consideró necesario establecer cuáles son los protocolos que utilizan las Fuerzas Militares para identificar los objetivos de las operaciones, verificar la eventual presencia de población civil y menores de edad y evaluar las alertas relacionadas con reclutamiento.

El juez también solicitó información sobre las medidas de precaución que se adoptan antes de ejecutar operaciones aéreas y los mecanismos disponibles para reducir el riesgo de afectación a niños y adolescentes.

La decisión reconoce que los menores reclutados por grupos armados pueden permanecer dentro de los campamentos que son objeto de operaciones militares. Por esa razón, el despacho considera necesario que, cuando exista información sobre su posible presencia, se adopten medidas adicionales para proteger su vida e integridad.