La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del decreto presidencial que designó a Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia.
El argumento central para esta petición se basa en el que el nombramiento vulnera la Ley de Cuotas, que exige una participación femenina mínima del 50 % en los cargos de máximo nivel decisorio del Gobierno.
“Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, hacer un nuevo nombramiento que cumpla con lo enunciado en la Ley de Cuota”, se lee en el documento presenta
De esta manera, con la salida de Ángela María Buitrago y el ingreso de Montealegre, el gabinete quedó compuesto por 10 hombres y 9 mujeres, incumpliendo el estándar legal de “50 % más uno” en un gabinete de 19 ministerios.
Este caso reabre el debate sobre la democracia paritaria en Colombia. La Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, busca garantizar la equidad de género en el poder ejecutivo.
“Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida, y por ende, el proceso se sustenta en una controversia jurídica que prima facie revela la vulneración del ordenamiento constitucional y legal”, aseveró la Defensoría de Iris Marín.
En ese sentido, desde la Defensoría sostienen que el incumplimiento de esta norma no solo vulnera el principio de igualdad material, sino también compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Además, se solicitó una medida cautelar para suspender provisionalmente el decreto, evitando que Montealegre consolide una situación que podría considerarse discriminatoria
La Defensoría citó como precedente la decisión del Consejo de Estado en 2022, que anuló el nombramiento de un ministro de Defensa por razones similares. En esta ocasión, la intervención fue radicada por el abogado Álvaro Díazgranados, en coadyuvancia con una demanda de Marco Adrián Artunduaga Gómez.
Mientras Montealegre acompaña al presidente Petro en la Asamblea de la ONU, el debate sobre su legalidad como ministro se intensifica.
De esta forma, la Defensoría del Pueblo busca que con este pronunciamiento, que el Gobierno nacional de Gustavo Petro, cumpla estrictamente la Ley de Cuotas, el cual fue fortalecida en el 2024 con el fin de poder garantizar que al menos la mitad de los ministerios sean ocupados por mujeres, para así conformar una democracia paritaria en Colombia.