El decreto de emergencia económica anunciado por el Gobierno nacional ya fue firmado por todos los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro y se encuentra listo para su radicación formal.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la medida busca resolver el déficit fiscal dejado por el Presupuesto General aprobado para 2026 y que los nuevos impuestos estarán dirigidos únicamente a los colombianos con mayores ingresos.
“El decreto se firmó por parte de todos los ministros y se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos, no a la clase media”, afirmó el ministro, reiterando una línea de discurso que el presidente Petro ha sostenido en distintas intervenciones públicas.
Benedetti responsabilizó directamente al Congreso de la República por la situación fiscal actual, al señalar que el Presupuesto General de la Nación para 2026 fue aprobado desfinanciado, luego de que se hundiera la reforma tributaria o ley de financiamiento que buscaba recaudar $16 billones para cubrir el faltante.
Según el jefe de la cartera política, la falta de esos recursos pone en riesgo el pago de la deuda pública y la estabilidad financiera del país. “Si no hay ley de financiamiento, no se paga la deuda, crece el riesgo ante las entidades territoriales y ante los bancos internacionales”, señaló el funcionario a las afueras del Palacio de Nariño.
Aunque el decreto aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, distintos sectores políticos y económicos permanecen atentos a su contenido definitivo. Congresistas y gremios han anunciado que presentarán demandas ante la Corte Constitucional, instancia encargada de revisar la legalidad y justificación de la declaratoria de emergencia económica.
La controversia ha sido tal que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria, pese a la vacancia judicial, para analizar el decreto y los argumentos presentados por el Gobierno.
Mientras no exista un pronunciamiento del alto tribunal, el articulado del decreto tendría plena vigencia, lo que permitiría a la Casa de Nariño avanzar en su implementación.
Dentro del contenido conocido hasta ahora, Benedetti confirmó que el decreto incluye el 5x1000, correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), que pasaría de cuatro a cinco pesos por cada mil pesos movidos en cuentas bancarias.
Además, se contemplan otras medidas como un IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea, un impuesto del 1% a la extracción de carbón, gravámenes al patrimonio, ajustes a las ganancias ocasionales y nuevos impuestos a la gasolina.