En un gesto simbólico de descentralización, la fórmula presidencial compuesta por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo eligió la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, para realizar una de las últimas visitas previas al cierre de campaña, contemplado para este domingo 14 de junio.
Durante el evento, Restrepo subrayó que el suroccidente y el Pacífico colombiano serán los pilares fundamentales para “unir a Colombia” tras un periodo de lo que denominó una marcada división nacional.
Restrepo, exministro y ahora aspirante a la vicepresidencia, calificó al Pacífico como un territorio históricamente olvidado por las administraciones precedentes, incluyendo la actual.
“Han sido territorios en orfandad”, afirmó, comprometiéndose a impulsar una agenda de inversión prioritaria enfocada en el desarrollo social, productivo y la infraestructura necesaria para revitalizar esta zona estratégica del país desde la “ciudad milagrosa”.
Más allá del enfoque regional, la fórmula anunció una medida económica que promete generar amplio debate: la eliminación total del denominado impuesto saludable a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Según Restrepo, este tributo carece de sustento técnico y responde más a una carga ideológica que a una política de salud pública eficaz.
“¿Quién dijo que un impuesto es el mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona?”, cuestionó el candidato en declaraciones recientes, defendiendo la libertad de elección de los ciudadanos sobre sus hábitos alimenticios. Para la campaña, gravar estos productos es una medida que interfiere indebidamente en la autonomía individual y que, en la práctica, no cumple con los objetivos de salud planteados por su implementación original.
No obstante, el candidato precisó que, de llegar a la Casa de Nariño el próximo 21 de junio, no se tocarían los sellos de advertencia en los empaques.
Esta distinción busca mantener la información disponible para el consumidor, pero eliminando la carga impositiva que, según el análisis de su equipo, afecta principalmente el bolsillo de las familias sin transformar sustancialmente los hábitos de consumo.
Con este anuncio, la campaña busca capitalizar el descontento de diversos sectores productivos y consumidores afectados por la normativa actual.
La propuesta se suma a una plataforma que prioriza la reactivación económica mediante la reducción de trabas fiscales, bajo la premisa de que el Estado debe fomentar el desarrollo sin imponer restricciones directas sobre las decisiones privadas de los colombianos.
Este giro hacia la eliminación de cargas impositivas específicas busca, según la campaña, dinamizar la cadena de producción nacional y reducir los costos operativos de la industria de alimentos y bebidas.