En la mañana de este 11 de junio de 2026 se conoció que la Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en la oficina de la congresista Gloria Arizabaleta, esto luego de haber ordenado la suspensión del presidente Gustavo Petro, una acción para la cual no está facultada.
La información conocida indica que el magistrado Misael Rodríguez fue quien habría ordenado una recolección de documentos relacionados con la orden de suspensión, la cual fue realizada hacia las 10 de la mañana.
Se debe recordar que esta acción fue calificada como irregular por el oficialismo e incluso por la oposición. De hecho, el exministro Luis Felipe Henao presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia indicando que la congresista actuó en contra a lo que dicta la Constitución Política.
Hasta el momento no se ha obtenido más información sobre la inspección de la Corte a la oficina de la actual congresista, pero se espera que en las próximas horas se pueda tener un balance oficial.
Esta acción se suma a la suspensión emitida por la Procuraduría General de la Nación en contra de Arizabaleta, luego de haber concluido que la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cometió un prevaricato.
De la suspensión de la Procuraduría se conoció que es de forma provisional. Es decir, hasta el momento no hay un plazo exacto de esta medida.
Rechazo a la medida de suspensión contra el presidente Petro; ¿fue una jugada?
Hasta hace cuatro años, Arizabaleta estaba en el grupo de congresistas que eran considerados del petrismo. De hecho, se consideraba que el Gobierno tenía una mayoría holgada en la Comisión de Acusaciones, por lo cual no eran muchos los avances que habían tenido las investigaciones que se adelantaban contra el presidente en ese organismo, al punto de que hace algunos días el procurador, Gregorio Eljach, le pidió explicaciones a la Comisión, sobre los avances que había tenido en los casos por participación en política contra el mandatario.
Por esa misma razón, la suspensión intempestiva del mandatario resultó sorpresiva. De manera inusual, tanto el Gobierno como sus opositores se pusieron de acuerdo en que era una decisión ilegal, con fines políticos.
La tesis de la oposición y de la campaña de Abelardo de la Espriella es que se trató de un “autoatentado legislativo” de Petro, para abandonar el cargo y salir en apoyo a su candidato presidencial, Iván Cepeda. Esta teoría implicaría que Arizabaleta, siendo del Pacto Histórico, habría tenido algún acuerdo secreto con el presidente Petro, para tomar la decisión, que él públicamente rechazaría, pero le terminaría conviniendo.
La reacción del presidente, sin embargo, sería contradictoria con esta teoría, pues, no solamente rechazó la suspensión, sino que acuso a la parlamentaria de estar extorsionando al Gobierno y le pidió a los ministros que revelaran las peticiones que ella les habría hecho.
La tesis del Gobierno, por su parte, es que esta es una forma de querer enturbiar la labor del mandatario nacional.
Además de la denuncia hecha por el presidente Petro, de que ella estaría extorsionando al gobierno, su argumento es que ella ya no hace parte del Pacto Histórico y, por el contrario, estaría concertada con la campaña de De la Espriella, para conseguir un rédito político.
“Tiene un asesor (Holman) Ibáñez, que es un abogado que pertenece a las huestes contrarias. Estábamos bajo una extorsión por parte del Congreso de la República”, aseguró.
Con información de Colprensa*