Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, involucrados en las investigaciones sobre el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, fueron trasladados a centros de reclusión, luego de haberse entregado a las autoridades voluntariamente.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, confirmó mediante una notificación oficial que el recién elegido senador Manzur cumplirá su medida de aseguramiento en la Escuela de Carabineros en Bogotá, mientras que la actual representante a la Cámara Manrique será trasladada a la cárcel El Buen Pastor.
La decisión se dio luego de que la Corte Suprema de Justicia elevara la exigencia urgente de definir los lugares de reclusión definitivos de ambos políticos.
Manzur y Manrique permanecían bajo custodia transitoria en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, tras entregarse para responder por el delito de cohecho impropio dentro del escándalo de corrupción de la Ungrd.
La asignación de los penales se produjo cinco días después de que el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Rodríguez, solicitó formalmente a la autoridad penitenciaria acelerar los trámites administrativos, dirigiendo un mensaje al director de la entidad para “explicar en dónde van a ser recluidos y precisamente que se pueda cumplir ese traslado”.
Aunque los reportes iniciales indicaron que el Inpec buscaba los cupos necesarios para enviar a Manzur a la cárcel La Picota, la decisión final priorizó la Escuela de Carabineros, mientras que el destino de Manrique requirió un análisis particular luego de que su defensa radicó una petición exigiendo evaluar un centro especial “debido a las condiciones de seguridad”, con el objetivo de garantizar su integridad física durante el juicio.
Desde la semana pasada, los congresistas quedaron a disposición de la justicia, cuando Manzur acudió ante el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Bogotá y Manrique se presentó ante agentes de la Sijín en el municipio de Tame, Arauca.
A través de sus plataformas digitales, el representante conservador señaló que afronta el proceso con calma, asegurando tener “la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, una postura legal estructurada por su abogado, Luis Carlos Torregrosa, quien preparó los recursos de reposición y apelación contra la medida de detención.
El abogado de la representante Manrique, Andrés Garzón, explicó que las gestiones de su clienta, vinculadas a un paro cívico de 2023, están amparadas por la Ley Quinta de 1992, normativa que faculta a los legisladores para tramitar proyectos regionales.
Además, desestimó tajantemente las acusaciones de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y aclaró que la política araucana no buscará beneficios jurídicos porque “no va a aceptar los cargos, no va a confesar”, enfocando todos sus esfuerzos procesales en “demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito”.
*Con información de Colprensa