El Valle del Cauca fue uno de los departamentos que mayor respaldo electoral le otorgó a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, para varios analistas, ese apoyo no se tradujo en una relación plenamente favorable entre el Gobierno Nacional y la región.
El politólogo Alejandro Echeverry considera que esa fue una de las principales paradojas del cuatrienio. “Cali y el Valle del Cauca le ponen una votación significativa al Pacto Histórico, pero Petro no le correspondió de la misma manera al departamento”, afirma. A su juicio, esto pudo obedecer tanto a la desconfianza hacia los mandatarios locales como a los “egos políticos” que marcaron la relación entre el Gobierno Nacional y las administraciones regionales.
Según el Ejecutivo saliente, uno de los principales aportes para la región se dio en la educación: se destinaron $739.000 millones para infraestructura en sedes de la Universidad del Valle en Cali, Jamundí, Buenaventura, Candelaria, Palmira, Tuluá y El Dovio.
Además, fueron entregados el Multicampus Universitario de la Ladera, en Cali, con capacidad para 9.000 estudiantes, y e|l Smart Campus Norte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en Yumbo.
Pero no todos los proyectos educativos avanzaron al mismo ritmo. El Ministerio de Educación reiteró su preocupación por los retrasos en la construcción de la Universidad del Oriente de Cali, pues, aunque la Alcaldía anunció en noviembre pasado la disponibilidad del lote, este aún no ha sido entregado formalmente a las instituciones encargadas de desarrollar la obra.
Las críticas al Gobierno de Gustavo Petro también apuntan a proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la competitividad regional. Entre ellos figuran el Tren de Cercanías del Valle, cuya financiación por parte de la Administración central no terminó de concretarse, lo que retrasó el proyecto.
También se cuestiona que no se hubiera agilizado la concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, clave para la conectividad del suroccidente del país, terminal que hoy está en manos de la Aerocivil y cuya administración también genera interrogantes. A ello se suma que no hubo avances en el proyecto de dragado del canal de acceso a Buenaventura y que solo esta semana fue adjudicado un contrato para el mantenimiento de la red férrea.
Sobre este panorama, Echeverry sostiene que la región no logró convertir su respaldo político en resultados concretos. “El gran reto será mirar si ese mismo apoyo electoral se ve representado en beneficios para el Valle del Cauca”, señala.
En materia de seguridad, el departamento continuó enfrentando importantes desafíos. Municipios como Jamundí siguieron siendo escenario de ataques de las disidencias de las Farc, mientras Buenaventura mantuvo problemas asociados a la presencia de estructuras criminales.
Para Echeverry, uno de los principales retos que deja el Gobierno Petro es precisamente la seguridad. En su concepto, la estrategia de paz total “tuvo muchos inconvenientes” y permitió que algunos grupos armados recuperaran influencia en territorios donde el Estado ya había logrado presencia.
El analista también advierte que el desafío no recae únicamente sobre el Gobierno Nacional. “Una de las grandes falencias que tiene una sociedad como la nuestra es que carecemos de una clase política y una clase dirigente que viva en función de resolver los problemas de la gente”, afirma.
En ese sentido, considera que tanto los sectores tradicionales como la izquierda tienen la responsabilidad de gestionar mayores recursos y proyectos para Cali y el Valle del Cauca, más allá de las disputas políticas.