La Casa de Nariño confirmó la fecha de la posesión oficial del exprocurador general Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior. La ceremonia formaliza su llegada a la cartera política del Gobierno de De la Espriella en reemplazo de Rodrigo Lara.
Durante el periodo de transición administrativa previo a la juramentación, las funciones de la cartera del Interior fueron asumidas de manera temporal por el ministro de Justicia, Iván Cancino González, quien estuvo al frente de la articulación legislativa y del despacho institucional.
El presidente De La Espriella destacó que la llegada de Ordóñez busca imprimir experiencia, carácter y solidez técnica a la gestión gubernamental en un momento clave para la agenda pública.
El nuevo titular del Ministerio del Interior llega al gabinete tras haber cumplido roles en el sector público como procurador general de la Nación y embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Entre las responsabilidades inmediatas que asumirá el jefe de la cartera figura la consolidación de mayorías y consensos en el Congreso alrededor de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo, destacándose el trámite del proyecto de Ley de Rescate Económico y la consolidación del marco normativo derivado de la recién aprobada Ley de Sometimiento.
Aprueban Ley de Sometimiento
Alrededor de la medianoche de este martes, la Cámara de Representantes aprobó, por 95 votos contra 10, la Ley de Sometimiento, que fija la política en materia de paz y manejo de negociaciones con grupos armados ilegales para los próximos cuatro años.
La aprobación de la ley significa el fin definitivo de la llamada ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro.
Previamente, la legislación había sido aprobada en el Senado, por 57 votos contra 24.
Para evitar que este miércoles fuera necesaria una conciliación entre lo aprobado por Senado y Cámara, esta corporación aplicó la denominada ‘votación espejo’ para que lo aprobado allí correspondiera exactamente a lo aprobado por la Cámara.
Eso implicó reabrir la discusión de dos artículos, sobre los que había discrepancias entre lo aprobado en Senado y Cámara.
El proyecto aprobado por el Congreso propone una reducción de penas a integrantes de esas organizaciones que se sometan a la justicia, bajo el entendido que no hay reconocimiento político. Los jefes de esas estructuras criminales tendrán rebajas de hasta el 30% de la pena, mientras que los demás miembros pueden obtener beneficios de hasta el 50%.
Información de Colprensa.