En medio de las dudas por parte del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia de los comicios y su llamado a impugnar las mesas de votación, las cabezas de los organismos de control, las autoridades electorales y la cúpula militar, cerraron filas para defender la fiabilidad del sistema democrático frente a las alertas de presunto fraude, revelando además la incautación de millonarias sumas de dinero en efectivo en operativos destinados a frenar la compra de votos en las regiones de mayor riesgo del país.
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió de manera directa a la controversia generada por el mandatario sobre los programas informáticos y el preconteo de la jornada electoral. Penagos explicó que “los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”.
Además, aclaró que los datos preliminares que se entregan el día de las elecciones son solo datos preliminares de la mesa de votación y advirtió que “no son resultados oficiales”.
En esa misma línea, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a las peticiones de impugnación promovidas desde el Ejecutivo. Rodríguez señaló que “donde hayan dudas” y se presenten irregularidades es “completamente válido el llamado a que se impugne la mesa”.
Sin embargo, el funcionario defendió las medidas de transparencia implementadas para esta jornada y advirtió que “no se va a publicar una sola acta, por primera vez se van a publicar las tres”.
Tras finalizar un consejo de seguridad con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la cúpula de la fuerza pública, el procurador general, Gregorio Eljach, entregó un balance alentador sobre el orden público de cara a las votaciones del 8 de marzo. Eljach aseguró que “se ha reducido notablemente el número de puntos que correrían riesgo extremo de violencia contra las elecciones”.
El jefe del Ministerio Público destacó la articulación entre las distintas ramas del poder público en el marco del Plan Democracia 2026 y afirmó que el encuentro arrojó resultados positivos para garantizar la tranquilidad ciudadana, considerando que fue una reunión fluida que permitió dar un paso firme “hacia la protección del derecho de los colombianos a elegir”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades mantienen bajo vigilancia 47 puntos con alerta para reforzar la seguridad, siendo el departamento de Antioquia el territorio más priorizado para el despliegue de las tropas durante la jornada.
Sánchez detalló que la Policía “incautó 145 millones de pesos” a Luis Alfredo Acuña, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Lacouture, en el departamento de La Guajira. Aunque un juez dejó en libertad al implicado, el ministro aseguró que las autoridades castrenses acatan las determinaciones legales y enfatizó que “respetamos totalmente el proceso y el procedimiento judicial”. Sin embargo, ordenó a las tropas no bajar la guardia y advirtió que “la instrucción clara para la Policía es que continúen” con los operativos.