Embajadora de Colombia en Haití se niega a dejar el cargo por señalamientos relacionados con US$500.000

La situación de Vilma Rocío Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, quedó en el centro de la transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella por dos asuntos que avanzan en paralelo: los cuestionamientos sobre el manejo de recursos de la misión diplomática, y la decisión del nuevo Ejecutivo de relevar a varios representantes nombrados durante la administración anterior.

Velásquez, quien fue designada durante el gobierno de Petro, manifestó que no contempla abandonar su puesto mientras se esclarecen los señalamientos relacionados con aproximadamente US$500.000 que aparecen pendientes de legalización. La información sobre el caso ha señalado además presuntas inconsistencias en soportes de gastos y movimientos financieros de la embajada.

La diplomática, sin embargo, rechaza que haya recibido o manejado personalmente una suma de US$500.000. En declaraciones divulgadas por medios de comunicación, sostuvo que los recursos de la misión tienen documentación y negó haber recibido transferencias provenientes de las cuentas de la embajada. También indicó que llevó el asunto ante la Fiscalía para que se determinen las circunstancias de lo ocurrido.

Cabe señalar que la permanencia de Velásquez también se cruza con la decisión del gobierno de De la Espriella de declarar insubsistentes los nombramientos de cinco embajadores designados durante la administración Petro que no presentaron su renuncia.

Además de Velásquez, la medida cobija a Guillermo Francisco Reyes González, embajador en Suecia; Yennifer Edilma Parra Moscoso, representante en Turquía; Juan Manuel Corzo Román, embajador en Paraguay, y William Sidney Bush Howard, representante en Trinidad y Tobago. La Presidencia explicó que los cambios buscan garantizar unidad y coherencia en la ejecución de la política exterior y anunció la coordinación de las transiciones en las respectivas misiones.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

El Ejecutivo cuenta con la posibilidad de formalizar el relevo mediante los instrumentos administrativos correspondientes, tal como anunció al informar que los decretos de insubsistencia estaban en trámite. La salida de un embajador, no obstante, no elimina las investigaciones que puedan estar en curso sobre su gestión.

Por ello, el caso de Velásquez tiene dos dimensiones diferenciadas: una relacionada con su permanencia o salida de la representación diplomática y otra con el esclarecimiento de los recursos cuestionados. La propia embajadora ha insistido en que deben establecerse los hechos y responsabilidades antes de sacar conclusiones sobre el manejo de los fondos.

El desenlace dependerá de las decisiones administrativas del nuevo Gobierno y del resultado de las actuaciones encargadas de establecer qué ocurrió con los recursos de la Embajada de Colombia en Haití. Hasta que esas instancias determinen responsabilidades, los cuestionamientos mantienen el carácter de señalamientos en investigación.