Después de 13 años de decretar las 21 megaobras y 11 de empezar a realizarlas, el Municipio de Cali sigue hablando de estudios y evaluaciones técnicas para determinar la factibilidad de la ampliación de la vía al mar.

Es lo que debió hacerse antes de incluirla en la lista, de cobrarla mediante valorización y de permitir que los caleños pagaran la contribución.

Ahora la Subsecretaria de Infraestructura dice que aunque siguen trabajando en un diseño y evalúan la compra de cerca de 200 predios, en la práctica la posibilidad de realizar esa obra está descartada por los costos que implicaría, que según los cálculos superaría los $200.000 millones.

Después de tanto tiempo de una obra que fue definida y decretada en la primera administración del alcalde Jorge Iván Ospina, ahora busca alternativas, mientras la vía que atiende a centenares de miles de caleños asentados en esa ladera es un dolor de cabeza para sus usuarios y las autoridades.

Según se dice, es hora de buscar un nuevo trazado, hacer alianzas con el departamento, recurrir a la Nación y pensar en un privado como socio del proyecto.

El problema es de fondo y como tal necesita ser resuelto; no solo es la movilidad que se ve afectada a diario, también es un asunto de seguridad que no da más espera.

Y de cumplirle a los caleños a los cuales les cobraron la valorización y no tienen las obras que les prometieron hace trece años.

Después de cuatro administraciones municipales, ¿se tomará por fin una decisión sobre la salida al mar?