El futuro de las empresa del Grupo Grajales sigue siendo incierto, como lo es, en consecuencia, el de 12.000 familias del norte del Valle que dependen directa o indirectamente de ellas.A la Dirección Nacional de Estupefacientes, que recibió hace seis años las empresas, hay que reconocerle su disposición en los últimos días para buscarle soluciones a la maraña de problemas que las aquejan.Como la decisión de rescindir el contrato que tiene con C. Lozano para la administración de tres de las compañías, por los incumplimientos en que ha incurrido; y la búsqueda de asesoría para definir las directrices con las cuatro restantes.Pero la demora de la DNE para actuar como debía hacerlo, puede afectar las posibilidades de salvar las empresas Grajales, pagar sus deudas, ponerse al día con sus empleados y asegurar su productividad a futuro. Ojalá eso no suceda, porque en riesgo están el bienestar social y el desarrollo económico de municipios como La Unión, Toro y La Victoria.