Dónde están o cuál fue la suerte de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala son preguntas que siguen sin responderse un año y siete meses después del hecho.Tan grave como el limbo en el que se está el caso son las inconsistencias, verdades a medias y trabas que habrían puesto las autoridades a las comisiones investigadoras.Lo peor es que cada vez se alejan más las posibilidades de saber la verdad de lo que ocurrió con los estudiantes de un instituto de Ayotzinapa, que según las versiones iniciales participaron en una manifestación en Iguala, fueron secuestrados por miembros de la Policía cuando se movilizaban en varios buses y habrían sido entregados a la mafia.Con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Giei, uno de los encargados de investigar los hechos, las esperanzas se van esfumando. En su informe final esta entidad, que desmintió la versión de que todos los estudiantes hubieran sido incinerados en un basurero de Cocula, denuncia los obstáculos que encontraron en el Gobierno para acceder a la información.También confirman el nexo que existiría entre el cartel de Guerreros Unidos con la Policía y las autoridades de Iguala, tanto como la pasividad con que se tomaron sucesos tan graves y la imposibilidad de hacer nuevos interrogatorios por la negativa del Gobierno a darles los permisos.Así terminan meses de investigación, el Giei se va de México dejando una estela de hipótesis que no pudieron ser probadas y evidenciando el escaso interés para descubrir la verdad y darle respuestas a los familiares de las víctimas.