A los colombianos hay que hablarles claro sobre los desarrollos del acuerdo con las Farc y los límites que tienen sus facultades para decidir quién puede recibir los beneficios contemplados en él.

Es claro que quienes estén incluidos en sus listas recuperarán la libertad si se encuentran presos por causas imputables al conflicto.

Y aquellos que serán juzgados por la Justicia Especial sólo pagarán penas alternativas, las cuales no incluyen condenas en prisión por los crímenes que cometieron.

Por eso hay que aclarar la situación de los 25 supuestos narcotraficantes que aparecieron en el listado: quiénes son, por qué fueron incluidos, quién se prestó para que eso sucediera y si ya se depuró ese censo.

Además es imprescindible despejar las dudas sobre si se está cobrando dinero por incluir a esos personajes en las listas de la referencia.

Al país hay que decirle la verdad y garantizarle que nadie diferente a los integrantes de la guerrilla se beneficiará de los privilegios que se han concedido.

Para ello existe la facultad de las autoridades de revisar quiénes están en esas listas y qué deberá hacerse para evitar las maniobras denunciadas.

El acuerdo no debe prestarse para que criminales de todos los pelambres e integrantes de organizaciones delictivas distintas a las Farc sean favorecidos y terminen cubiertos por la impunidad.

Eso le quita legitimidad y credibilidad al acuerdo.