El oleoducto Caño Limón – Coveñas, debía ser sinónimo de recursos para Colombia.

Pero hoy es un dolor de cabeza como resultado de los ataques que casi a diario cometen organizaciones terroristas y por los daños que le hacen quienes lo perforan para robarse el combustible.

Este año por ejemplo, el tubo que atraviesa cuatro departamentos y por el que se transporta el petróleo que produce el país, sólo ha funcionado 98 de los 210 días que van corridos.

La razón son los 39 atentados del ELN que dejan 11.000 barriles derramados, y las 27 válvulas ilegales detectadas a lo largo del oleoducto, que han sido usadas por los ladrones para ‘ordeñar’ 100.000 barriles más.

El costo de esos delitos no sólo es económico; los daños ambientales que se han causado en 81 kilómetros cuadrados son incalculables, mientras se ha puesto en riesgo a la población por la contaminación a los ríos que abastecen sus acueductos.

Los ataques y robos que padece el Caño Limón – Coveñas no son nuevos, se sabe la mayoría de las veces quiénes los cometen y deberían poder prevenirse.

Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de darle la protección que requiere el oleoducto más importante para el país, que necesita más que anuncios.

El despliegue de la Fuerza Pública debe ser efectivo para garantizar su integridad y combatir la criminalidad que destruye un valor estratégico para nuestra economía.