La invasión al espacio público en el centro de Cali no es un problema de ahora.

Por décadas las ventas ambulantes se han tomado las calles, limitando la movilidad de peatones y vehículos, contribuyendo al caos que impera en esa zona de la ciudad.

Frente a ello no ha habido decreto que valga, reglamentación que se aplique ni autoridad que se imponga para devolverle el orden al centro caleño.

Lo mismo ha sucedido con la ‘Política Pública de Regulación y Organización de Ventas Informales en el Espacio Público’ promulgada hace diez meses por la Administración Municipal, que ni siquiera ha completado la etapa de caracterización y conteo de esos vendedores ambulantes.

La disculpa no pueden ser los venezolanos que recientemente han instalado negocios en las calles de la ciudad; ellos suman un número ínfimo frente a los 25.000 personas que se calcula trabajan desde hace años en espacios públicos de Cali.

Las acciones comienzan por aceptar que en el Centro existe un gran negocio, manejado por quienes se apoderaron de los andenes y calles y cobran por su uso.

Esas organizaciones, que aprovechan el derecho a tener un lugar para trabajar, son las que se deben combatir para acabar con un negocio que se apoderó del espacio público.

Mientras no se haga así, las invasiones en las calles continuarán y seguirán proliferando las ventas que evaden impuestos y le hacen una competencia desleal al comercio legal que cumple con todos los requisitos y paga los tributos que establecen las leyes.