En estos tiempos difíciles, la austeridad se debe imponer a la hora de manejar los recursos públicos.

Por esa razón la Administración Municipal de Cali debe responder las inquietudes sobre presuntos sobrecostos en los contratos que suscribió para la entrega de mercados y bonos durante la crisis causada por el Covid-19.

¿Era necesario pagar cajas de cartón a precios que llegan a los $7.000, cuando en el comercio se encuentran referencias similares a valores mucho menores según lo han comprobado quienes denuncian?

¿Y había que sumar a esos gastos otros $1.070 a cada caja por concepto de adhesivos, más los volantes y calcomanías publicitarias de la Administración Municipal?

Gastarse $383 millones en esos conceptos no parece razonable hoy, como tampoco lo es suscribir un contrato de $3900 millones por transporte y logística para repartir 90.000 mercados y 98.000 bonos.

Parece exagerado que la entrega de esas ayudas le significara al erario $27.000 por unidad.

De nuevo hay que preguntar si no era necesario reducir esos costos para atender a más caleños necesitados.

Ante la gravedad de las denuncias ya no es suficiente que se diga que la Contraloría Municipal ya emitió concepto favorable a esa negociación.

La emergencia ha demandado el uso de la urgencia manifiesta para la contratación pública, lo que no implica dejar de responder por hechos que causan inquietud y dudas.