¿Cómo se logra que a un centenar de pacientes, todos con hemofilia, se les autoricen tratamientos por $50.000 millones que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, nadie verifique su información y una Gobernación termine pagando ese alto monto sin rechistar ni cuestionarlo?Eso fue lo que encontró la Contraloría General de la República en el departamento de Córdoba luego de investigar por qué entre los años 2013 y 2015 la anterior Administración Departamental incurrió en un gasto tan oneroso para atender una sola enfermedad.Ahora se descubre que ninguno de los 128 pacientes que supuestamente se vieron beneficiados existe y que las órdenes con las cuales las entidades médicas involucradas cobraron a la Secretaría de Salud, nunca pasaron por la autorización de un Comité Técnico Científico en Entidades Prestadoras de Salud, EPS, requisito que es obligatorio por ley para autorizar un tratamiento no POS.La de los pacientes fantasma, que ya se han detectado en otros departamentos, parece ser otra de las modalidades con las cuales se esquilman los recursos de la salud en Colombia.Y una de las razones para la actual crisis que afecta a todo el sector, mientras los servicios así como la debida atención, no llegan a los colombianos que realmente los necesitan.