Carlos Enrique Martínez supuso que su elección como concejal de Chía le daba licencia para pasar por encima de las normas y leyes cuantas veces quisiera, sin que pudiera ser sancionado. Cinco veces fue denunciado ante las autoridades por incidentes con armas de fuego, transgredir las reglas de Tránsito, evadir a las autoridades y estafar a su padre quien lo acusó de robarse $500 millones.Pero se necesitó que esta semana burlara un retén de la Policía, se escapara, condujera con exceso de velocidad, invadiera una escuela de cadetes y dilatara la toma de la prueba de alcoholemia por seis horas, para que se tomaran decisiones en su contra.Finalmente el concejal Martínez fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.Una sanción esperada para quien por su condición de servidor público elegido por votación popular está llamado a ser ejemplo de buen comportamiento y no símbolo de la impunidad.