Tan grave como los problemas ambientales y sociales que le ha ocasionado a Colombia no tener unas políticas claras para el sector minero, es la corrupción que hizo carrera en las entidades encargadas de otorgar los derechos de explotación. Según la Contraloría General de la República se creó una maquinaria que por años entregó títulos a diestra y siniestra “con eficiencia sospechosa”.De la cual se beneficiaron funcionarios públicos que se hicieron a contratos de concesión en zonas estratégicas, para luego venderlos “a muy buenos precios” a empresas que adelantaban proyectos de gran minería.La denuncia de la Contraloría implica un delito tan perjudicial como la minería ilegal y por el que deben responder quienes hicieron negocio con las licencias que se adjudicaron en forma indebida y quienes se las compraron.