Mapiripán y la violencia que en ese municipio del Meta desataron los paramilitares en julio de 1997 es uno de los episodios más cruentos en Colombia.

Pero también se convirtió en un proceso indignante que aún genera dudas sobre la credibilidad de lo que ahí aconteció realmente.

Veinte años después, se sigue demostrando que la masacre no fue de la magnitud que se dijo en principio.

Esta semana fue condenado el tercer grupo de falsas víctimas, que mintieron en sus demandas y recibieron millonarias indemnizaciones del Estado.

De las 40 personas que inicialmente se reportaron como asesinadas, la lista se ha reducido a 10 muertes confirmadas y un número similar en investigación, lo cual demuestra cómo se engañó a la Justicia nacional e internacional.

Detrás de esos falsos testimonios aparece en común el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la misma organización que demandó a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la llevó a un juicio en que el Estado fue declarado culpable y obligado a pagar miles de millones a las supuestas víctimas.

Ese Colectivo también acusó por omisión al general Jaime Humberto Uscategui, quien paga una pena de 37 años y sigue condenado aunque ha demostrado que no tenía comando militar sobre la zona.

Esa es la otra cara de una tragedia causada por el paramilitarismo, que le duele aún a Colombia, fue usada para lucrarse a costa del Estado con mentiras y engaños.