La nueva ley de insolvencia que entró en vigencia el lunes es una buena oportunidad para que los ciudadanos que no han podido responderles a sus acreedores bancarios y comerciales arreglen sus deudas.Sin embargo, la medida no puede ser usada para fomentar la cultura del no pago, como han alertado algunos organismos financieros.Es un avance social justo y oportuno que el Gobierno haya tomado conciencia de que las personas naturales con dificultades para atender sus acreencias necesitan otra oportunidad para sanearlas, conciliando y llegando a acuerdos amparados por la ley. Especialmente, los ciudadanos que llevan años intentando solventar sus compromisos financieros con créditos hipotecarios como los del Upac.Quienes quieran limpiar su historia crediticia deben saber que la clave estará en la buena fe con que utilicen la ley de insolvencia.