Para cualquier país sus playas y costas son un privilegio que debe protegerse.Pero las de Colombia han estado en el abandono, en buena parte por el centralismo que impera y que lleva a tomar decisiones en Bogotá sin conocer las realidades y necesidades de las regiones.Es lo que ha pasado con Barú y Playa Blanca en Cartagena, invadidas ilegalmente durante décadas.No sólo por la gente de la zona o por colombianos que han construido viviendas o montado negocios sin tener permiso.Ahora se sabe que a la costa cartagenera también han llegado extranjeros que se están lucrando de ella. La decisión de recuperar la zona, tomada por el gobierno de esa ciudad debe mantenerse.Las playas colombianas le pertenecen al Estado y las autoridades deben hacer respetar ese mandato.