Al asumir el control en la Junta Directiva de Acuavalle, la Gobernación entra al último bastión del PIN, manejado en a su antojo por el ex senador Juan Carlos Martínez y el destituido gobernador Juan Carlos Abadía. Por eso, además de reorientar a esta empresa que es de los vallecaucanos, se tiene que descubrir la verdad sobre los cuestionados contratos que ha adjudicado o pretendía adjudicar la entidad. Como el de los $6.000 millones para una auditoria sobre las polémicas obras de acueducto en distintos municipios del Valle; o el contrato por $165.000 millones para adelantar obras en el departamento, adjudicado pese a los reparos de los entes de control.Estas y todas las verdades son las que la nueva Junta Directiva les tiene que contar a los vallecaucanos, a los órganos de control y a la Justicia.