Los esfuerzos que desde hace años realiza el Estado para incautar los bienes de los delincuentes y resarcir con ellos parte del daño que le han hecho a la sociedad colombiana, siguen sin dar los resultados esperados.Después del escándalo que llevó a la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes hace cuatro años, la Sociedad de Activos Especiales, entidad que la reemplazó, no ha hecho la tarea como se espera.Según la Contraloría General, la base de datos de los bienes sigue incompleta, no se sabe el estado en que se encuentran 93.000 de los 100.000 activos incautados y hay al menos 6.000 invadidos.Ese es el resultado de no tener después de tanto tiempo una política coherente, que permita hacer el manejo adecuado que requieren esas propiedades y evite la corrupción que se tomó la administración de los bienes expropiados a las mafias criminales.