Cada vez se conoce más hasta dónde ha llegado la apropiación ilegal de tierras en la Costa Atlántica.Las víctimas han sido los ciudadanos y también el Estado que hoy reconoce cómo 10.000 hectáreas, de las 15.000 que tiene el Parque Tayrona han sido invadidas.Por años fueron los paramilitares, la guerrilla y las bandas criminales las que cambiaron la composición de la tenencia de la tierra a punta de robársela a sus dueños y propiciar el desplazamiento.Ahora se sabe que son empresarios y familias influyentes de la región quienes se han quedado con la mayor parte del Parque.Por fortuna el Gobierno está decidido a recuperar la tierra que por ley le pertenece, además de defender y proteger una de sus reservas naturales e indígenas más importantes.El Estado tiene que saber quiénes negociaron estas tierras, quiénes se prestaron a la titulación fraudulenta y exigir que se las devuelvan.