Diez días completa ya un paro cuyo único argumento parece ser el bloqueo al sur del país para presionar la presencia, permanente ya, de los ministros de Estado y hasta del Presidente de la República. En todo ese tiempo se han realizado múltiples mesas de diálogo, donde se han reconocido los incumplimientos del Gobierno y su compromiso por enmendarlos. Eso está bien. Lo que está muy mal es que los organizadores de ese bloqueo persistan en mantener casi como rehenes a los habitantes de Popayán y sus alrededores, y que impidan la libre movilización de los ciudadanos que necesitan trabajar, o de los enfermos que requieran asistencia y de los alimentos que requieren millones de personas. Tales perjuicios no pueden ser aceptados como parte de una protesta social, porque equivale a reconocer el chantaje y la extorsión como herramienta legítima para conseguir prebendas de los gobernantes. Además, el Gobierno no puede limitarse a pedir un “corredor humanitario” a los organizadores de la toma en la carretera panamericana, por que eso sería reconocer un inaceptable estado de guerra interior. Lo que debe hacer es ejecutar los mandatos de la Constitución y las leyes, dirigidos a garantizar los derechos de los colombianos por encima de los intereses de quienes usan la fuerza para entorpecer la vida de millones de personas, causando enormes daños al bien común, a la convivencia y a la tranquilidad de la Nación.