Pablo Beltrán, líder del equipo negociador del ELN en Quito, no tuvo ningún reparo al decir esta semana que el acuerdo bilateral de cese al fuego se encuentra en riesgo porque el Gobierno ha incumplido sus compromisos.

Según el jefe guerrillero el Estado no ha mejorado la situación humanitaria de la población, por lo cual es responsable de los asesinatos de líderes sociales, mientras afirma que las operaciones de control de las Fuerzas Armadas en zonas donde hay presencia de ese grupo subversivo se han hecho para provocar enfrentamientos.

A Beltrán se le olvida que fue el ELN el que asesinó a Aulio Isarama, gobernador indígena de la comunidad del Alto Baudó en Chocó, cuando el alto el fuego ya estaba vigente.

Y que el Ejército y la Policía no tienen territorio vedado cuando se trata de velar por la seguridad de los colombianos.

Sus declaraciones sobre el deterioro que estaría sufriendo el proceso de diálogo o las justificaciones que pretende dar para una eventual ruptura del cese al fuego, son un acto de cinismo.

Además de un intento por eludir la responsabilidad que recae sobre esa guerrilla por la muerte del gobernador indígena y de otros líderes sociales, así como por la comisión de delitos como el secuestro o el narcotráfico.

Los integrantes del ELN no deben olvidar que el diálogo no es sólo con el gobierno sino con todos los colombianos, y que con sus actos o con declaraciones como las de su jefe negociador le quitan el respaldo que necesita el proceso para buscar la reconciliación en Colombia.