Hay que reconocer el empeño de la Contraloría General de la Nación para que se conozca la verdad sobre el ‘carrusel de las pensiones’ que se presentó en el Consejo Superior de la Judicatura y por llamar a 21 magistrados para que rindan cuentas.A las claras se ve que las designaciones de funcionarios como magistrados auxiliares por periodos que iban entre 15 días y unos pocos meses, se hicieron para ayudarlos a obtener mejores pensiones y no para servirle a la Rama Judicial.Esa práctica produjo un hueco en el sistema de pensiones con un detrimento patrimonial que se calcula en $13.000 millones, y acabó de afectar la credibilidad del Consejo Superior de la Judicatura, tan cuestionado por sus actuaciones.Los magistrados tienen que responder ante la Contraloría y ante los colombianos. Y entender que los altos cargos y los recursos públicos sólo pueden usarse para el beneficio de la Nación.