Con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible un artículo de la ley 1606 de 2012, que regula la entrega de los presupuestos por regalías a los municipios y departamentos, se le da un espaldarazo a la autonomía de las regiones.Según el fallo, los proyectos que sean financiados por los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, no necesitan ser aprobados por el Gobierno Nacional ni por el Ministerio de Hacienda.Porque se estaría desconociendo el derecho que tienen las regiones a decidir cómo invierten sus recursos y hacerse responsable por ellos.Con la sentencia de la Corte se respeta la autonomía territorial y se impide que el centralismo sea el que determine cómo funcionan, qué necesitan y cómo se financian las regiones.