Si las comunidades indígenas del Cauca consideran que la Nación les ha incumplido los compromisos de entrega de tierras, están en su derecho de reclamar.Pero nada justifica que recurran a las amenazas y a la violencia en contra de quienes tienen títulos legítimos sobre las fincas en la región.La golpiza e intimidación a las que fue sometido un agricultor del Cauca la semana anterior, son delitos que nada tienen que ver con ningún reclamo.Ni quienes cometieron esos actos violentos representan a la mayoría de las organizaciones indígenas, como ellas mismas lo han expresado al rechazar los hechos.En Colombia existe un ordenamiento jurídico que debe ser respetado. Ese a ese principio y no al de las vías de hecho, al que deben recurrir quienes consideran vulnerados sus derechos.