Durante cuatro años el periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes recibió amenazas de muerte por denunciar actos de corrupción y delitos del crimen organizado en el municipio de Tarazá.La última fue el 21 de julio, cuando le dieron un plazo de dos horas para salir de la ciudad por negarse a transmitir una información en la emisora que dirigía.¿Que pasó para que la Unidad Nacional de Protección le retirara hace 15 días a sus escoltas y el carro blindado en el que se transportaba?Hay suficientes evidencias de que a Cervantes, quien fue asesinado el martes anterior, lo querían matar por su labor periodística y se le debía garantizar la seguridad.Es la protección que reclama el periodismo local y regional, convertido en blanco de amenazas por su compromiso de denunciar las irregularidades en las entidades del Estado y la criminalidad que azota a sus municipios y departamentos.