Se supone que un proceso para terminar los enfrentamientos mediante el diálogo debe estar guiado ante todo por la sindéresis y el deseo sincero de acabar la violencia. Y sobre todo, por la atención a los anhelos de una sociedad que cree en la negociación como vehículo para lograr esa paz, tratando de entender las razones de quienes se alzan en armas contra el Estado.

Luego de los hechos cometidos por el ELN en las semanas que siguieron a la instalación de la mesa de diálogo en el Ecuador, el país ha tenido que registrar varios hechos terroristas. Ahora, los jefes de esa agrupación emiten un comunicado en el que dan a entender que son actos de guerra legítimos, además de acusar al Gobierno y a la Fuerza Pública de ser los responsables de ellos.

Pero, ¿acaso puede considerarse como un acto legítimo el instalar una bomba asesina en la esquina de una ciudad, que al explotar mata a un policía y deja heridos a otros veinticinco? ¿Qué acto de guerra puede considerarse el que esos policías estuvieran allí para dar seguridad e una corrida de toros? Y, ¿cómo debería considerarse ese ataque, si en vez de los miembros de un cuerpo de seguridad el estallido hubiera afectado a civiles?

Por donde se mire, ese fue un atentado terrorista que reclama la respuesta de la sociedad y de sus autoridades. Más aún, cuando el reconocimiento que como autores hacen los dirigentes del ELN es un argumento inaceptable cuando se está hablando de paz y se pretende crear confianza, el requisito fundamental para el éxito de cualquier negociación.

Por el contrario, es cinismo el decirle a los colombianos que son gestos dirigidos a conseguir que el Gobierno o sus delegados aceleren los trámites para llegar a un cese el fuego bilateral. Eso es un chantaje contra los colombianos y no sólo contra el Gobierno que los representa, y debería llevar a replantear las condiciones en que se están llevando a cabo las negociaciones. De ahí la posición expresada por el jefe de la delegación, Juan Camilo Restrepo

Con sus actos, el ELN no está mostrando una fuerza distinta a su capacidad e intención de causar daño mediante el terrorismo indiscriminado. Y además de poner en peligro la continuidad de la negociación está alejando a la Nación de los diálogos, de por sí afectados por el escepticismo que producen los múltiples fracasos de intentos similares. Para no ir muy lejos, los que ahora tienen lugar en Quito fueron anunciados hace un año en Caracas, y su inicio se frustró por el secuestro y la extorsión a la cual sometieron a las familias de los víctimas, como ocurrió con el señor Odín Sánchez en el Chocó.

Es claro que poner bombas en las ciudades dirigidas a matar policías, volar oleoductos y vehículos de la Fuerza Pública, o secuestrar y patrocinar el narcotráfico no son actos de guerra. Y menos cuando, según lo dicen los jefes guerrilleros, ellos están cansados de la violencia y reconocen que no lleva a ningún lado. No sobra recordar por enésima vez que acciones como esas son las que han hecho fracasar los innumerables intentos por entablar una negociación seria con el ELN.